Por qué (en buena lógica) debe haber elecciones esta primavera

Advertencia previa: anticipar lo que Pedro Sánchez, que es a quien compete hacerlo, piensa con respecto a la fecha de las elecciones generales es tarea complicada. Primero, porque Sánchez, que no siempre, ejem, dice la verdad, y en este caso la mentira es legítima, asegura que se irá hasta la primavera de 2027. Segundo, porque la lógica y el sentido común nos advierten de que el chicle de la Legislatura difícilmente se podría estirar más allá de la primavera de este año que ahora comienza, 2026. Y yo, a la luz de los datos que siguen, si tuviera que apostar, apostaría por un adelanto significativo (un año) de los comicios legislativos, aunque ya vemos que lógica y sentido común son elementos no siempre presentes en la actividad política española.

¿Por qué pienso que el adelanto electoral debería ser inevitable? Pues porque al Gobierno le esperan muchos quebraderos de cabeza en el orden electoral, judicial, parlamentario y mediático, y casi todos confluirán en torno a la primavera de 2026. Yendo por partes, todo indica que el PSOE, que, como maquinaria electoral, está “hecho unos zorros”, según definición de alguien que trabaja en Ferraz, sufrirá reveses serios en las urnas, similares al extremeño, en Aragón el 8 de febrero, Castilla y León quizá en marzo, en Andalucía acaso en junio. Al Gobierno (y al PSOE) le benefician, es cierto, los rifirrafes entre PP y Vox a la hora de formar gobiernos regionales, pero ello no ocultará sus derrotas en las urnas autonómicas.

Pero qué duda cabe de que la repetición cotidiana de los titulares sobre corrupción o desviaciones sexuales que tanto han proliferado en los últimos meses dañarían la imagen de cualquier Ejecutivo

En el orden judicial, hay comparecencias muy comprometidas que afectan a los “clásicos” Cerdán, Ábalos, Koldo, Leire Díez, Aldama, que reavivarán los titulares sobre corrupciones, no tan pretéritas, en el partido. Especial significación tendrán el juicio contra el hermano del presidente, en mayo, y la posible apertura de juicio contra Begoña Gómez, lo que se decidirá en abril. El hecho de que probablemente ni el “caso mujer del presidente” ni el de su hermano vayan a tener trascendencia penal, no evita que, en cuanto al debate político y social, los efectos para el entramado gubernamental vayan a ser devastadores. Y todo ello, en la próxima primavera, tórrida, sin duda, para el habitante de La Moncloa. El calendario está contra él.

El Parlamento, por su parte, se ha convertido, pese a su muy especial funcionamiento en estos tiempos, en un quebradero de cabeza de primer orden para el Gobierno, que no logra hacer aprobar sus medidas, empezando por los Presupuestos, y para el grupo parlamentario socialista. Sánchez tendría que convocar ya el debate sobre el estado de la nación, porque lleva tres años incumpliendo su compromiso de celebrarlo. Y habrá de someterse al desgaste de concurrir semanalmente a las sesiones de control parlamentario al Gobierno, de las que, contra lo que opinan algunos asesores monclovitas, es evidente que siempre sale algo más tocado a ojos de la ciudadanía de lo que entra.

Sobre la cerrada hostilidad de buena parte de los medios de comunicación al Gobierno apenas tengo nada que añadir, aunque las relaciones de Moncloa con estos medios podrían ser parte de varias tesis doctorales. Pero qué duda cabe de que la repetición cotidiana de los titulares sobre corrupción o desviaciones sexuales que tanto han proliferado en los últimos meses dañarían la imagen de cualquier Ejecutivo, incluso de alguno mejor preparado para afrontar estos golpes mediáticos que el de Pedro Sánchez. Luego están algunos retos clave que el Gobierno tendrá que afrontar con no muchas garantías de éxito:¿cómo sería acogido en el resto de España, por ejemplo, un regreso a Cataluña de Puigdemont, suponiendo que la amnistía llegue a ser, tras un controvertido debate leguleyo, aplicable a su persona?¿Seguirá, pese a la inflación y a la situación internacional, siendo España la gran meca del turismo, algo que nos coloca como líderes en el crecimiento del PIB europeo?¿Será capaz España, en esta coyuntura internacional, de organizar esa XXX “cumbre” iberoamericana de noviembre, esta vez en Madrid? Un fracaso en la nómina de asistencias -y ya pueden darse por casi seguras las de Argentina, México, Venezuela, Chile y Paraguay, además, claro, de la de Estados Unidos-haría que España perdiese a ojos de Europa su condición de interlocutor privilegiado entre la UE y América Latina.

Bien, ahora tomemos todos estos datos, agitémoslos, sirvámoslos fríos y convenzámonos de que 2026 va a ser un año demasiado complicado como para mantener el rumbo del barco sin variaciones sustanciales otros diecisiete meses, cuando, aquí, en el peculiar calendario político español, cada mes es como varios años en condiciones digamos “normales”. Que es precisamente lo que no tenemos: normalidad. Así que vayamos haciendo nuestras apuestas: la mía, ya la he apuntado más arriba.