Cambio de turno

Hace unos días el Gobierno había retomado el control de la agenda política, había acorralado al PP con la cuestión del genocidio en Gaza que había puesto de manifiesto las contradicciones internas en el seno del partido conservador. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado radicalmente y es el partido de Núñez Feijóo quien tiene la iniciativa con el PSOE y el Gobierno a la defensiva después de que los jueces hayan señalado el camino del banquillo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, y al fiscal general del Estado y de que dos acontecimientos le hayan hecho perder pie, el problema con las pulseras de protección a la mujeres maltratadas y el revolcón sufrido por la conjunción Gobierno-Junts para que Cataluña asumiera por delegación algunas cuestiones relacionadas con la inmigración.

El hecho de qué a Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, le hayan abierto juicio oral por los presuntos delitos que ha cometido en relación con su actividad profesional y fraude fiscal ha venido a coincidir con las acciones judiciales contra los dos miembros de la familia de Pedro Sánchez, qué si en el caso del hermano se han seguido procedimientos habituales y la instrucción de su sumario ha contado con todas las garantías, en el caso de las piezas en las que se investiga a Begoña Gómez no se ha dejado de señalar que las instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado ha sido atrabiliaria, en muchas ocasiones revocadas por tribunales superiores y repleta de medidas cuestionables. La situación procesal de los familiares de Pedro Sánchez ha llevado a Feijóo a señalar que ningún dirigente democrático podría soportarlo.

Decidido a resistir por esos dos asuntos que Sánchez espera que los tribunales sitúen en sus justos términos, el Gobierno se esfuerza por ganar el relato acerca de los fallos registrados en las pulseras antimaltrato que han generado problemas de seguridad a las mujeres amenazadas. Con una gestión de la comunicación repleta de versiones distintas acerca de lo sucedido y la inacción tras las denuncias recibidas sobre el mal funcionamiento del servicio, al Gobierno le salva que ni las fiscalías sepan cuántas mujeres han estado en riesgo y sobre todo que no se ha producido ningún asesinato por esa causa. Que desde el Ejecutivo se acuse al PP de propagar alarma y miedo no excluye que se adopten las medidas políticas y operativas necesarias para que no se repitan esa circunstancia.

Decidido a resistir por esos dos asuntos que Sánchez espera que los tribunales sitúen en sus justos términos, el Gobierno se esfuerza por ganar el relato acerca de los fallos registrados en las pulseras antimaltrato que han generado problemas de seguridad a las mujeres amenazadas.

Junts, que con su prepotencia al servicio de la patronal catalana había impedido la negociación de la reducción de jornada y la creación de una agencia contra la corrupción votando con Vox y el PP, ha probado ahora de su misma medicina al ver rechazada la pretensión de que Cataluña asumiera algunas competencias en materia inmigratoria. Su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueira, no ocultó en su intervención que querían gestionar la inmigración para preservar la identidad catalana -dando la razón a la acusación de racismo de Podemos- para lo que hizo acopio de todos los lugares comunes contra la inmigración, la falta de integración, la inseguridad o la saturación de los servicios sociales. La consecuencia es que el bloque de la investidura ha quedado roto sin remisión y así será imposible sacar adelante las iniciativas legislativas. De cómo se haya tomado Puigdemont esta derrota dependerá el curso de la legislatura, más que el calendario judicial del entorno de Pedro Sánchez.