La ciencia no da votos (o eso creen los políticos)

De lleno en la precampaña electoral, los principales partidos políticos centran todo su esfuerzo en temas como la vivienda, las pensiones o la corrupción, por supuesto importantes. Pero una vez más, y son muchos los procesos electorales que he vivido, la ciencia, la innovación y las universidades son los grandes olvidados de las campañas. No solo porque no se dedica un solo minuto a debatir los grandes problemas que existen en estos tres ámbitos, sino porque ni siquiera lo disimulan, al menos, preparando un programa electoral que se pueda comprar. En todas las elecciones leo con esperanza lo que los grandes partidos incluyen en sus programas electorales y caigo, siempre, en la más profunda melancolía (“el esfuerzo inútil conduce a la melancolía”, decía Ortega y Gasset). Como soy un positivista irredento, este año volveré a leerlos con avidez para ver si, finalmente, algún partido político demuestra un ápice de interés en estos temas. La ciencia-innovación y las universidades publicas adolecen de problemas endémicos desde hace décadas, y pese a que ha habido alternancia política en el poder, ningún gobierno ha sabido o querido atacarlos de frente.

En los comienzos de la democracia tuvimos buenas ideas: la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la creación del Plan Nacional de Investigación en 1986. El problema es que, desde entonces, hemos sido mucho más eficaces reformando las leyes que transformando la realidad. Más de cuarenta años después, seguimos financiando la ciencia muy por debajo de lo que correspondería a nuestra economía, soportando una burocracia que consume el tiempo de quienes deberían dedicarlo a investigar, manteniendo unas estructuras de gobernanza poco adaptadas a las necesidades de la ciencia y la universidad y sin resolver satisfactoriamente la conexión entre investigación, transferencia e innovación. A ello se suman la fuga de talento, nuestra escasa capacidad para atraer y retener investigadores internacionales, la endogamia enquistada, la falta de carreras profesionales bien definidas para técnicos y gestores de la investigación y la ausencia de mecanismos independientes y eficaces de evaluación y supervisión del sistema. Tampoco contamos con una oficina de asesoramiento científico independiente de la Presidencia del Gobierno que contribuya a que las decisiones políticas se apoyen en la mejor evidencia disponible. Y, por si fuera poco, seguimos cambiando las reglas del juego sin garantizar que cambie el juego.

Como si la excelencia fuera una amenaza para la equidad y no una de las razones de ser de la universidad y la ciencia.

Pero quizá el problema más profundo no sea ninguno de estos, sino la cultura institucional que los hace posibles: un sistema que con demasiada frecuencia protege la mediocridad, penaliza la iniciativa y confunde la igualdad de oportunidades con el café para todos. Como si la excelencia fuera una amenaza para la equidad y no una de las razones de ser de la universidad y la ciencia. Por supuesto, existen excepciones magníficas, pero demasiadas veces son islas que sobreviven contra la corriente, en un sistema cuyo pH institucional parece diseñado para dificultar el crecimiento del talento.

Hace poco he repasado notas de artículos que escribí hace más de treinta años sobre estos mismos problemas. Después de varias leyes de reforma universitaria y del sistema de ciencia, podría suscribir hoy casi todo lo que escribí entonces. Basta asistir a debates y mesas redondas sobre el futuro de la ciencia y la universidad para comprobarlo: vuelven a aparecer los mismos diagnósticos, las mismas quejas y las mismas propuestas. Un “déjà vu” interminable en el que todos parecen estar de acuerdo en lo que hay que hacer, pero nadie parece tener la capacidad (o la voluntad) de hacerlo. Estos temas no interesan a nuestros políticos, y la principal causa es que tampoco importan a la sociedad. Y por eso se quedan fuera de campaña, porque son temas que no dan votos, y lo que es peor, tampoco los quitan. Espero con curiosidad los programas electorales para ver si incluyen algo, alguna medida o política, para afrontar al menos uno o dos de estos problemas. El dinero es de una gran importancia (no hay que negarlo, porque estamos muy lejos de lo que merece este país), pero la mayoría del resto de problemas se resolverían con una legislación amigable con la ciencia y las universidades, legislación que hoy no existe. La ciencia y las universidades necesitan gestores políticos que entiendan los problemas y que cambien las cosas. Todo empieza poniendo la redacción de los programas en manos de personas que suelen desconocer profundamente la realidad de nuestro sistema de ciencia y tecnología y nuestras universidades. Basta con echarles un vistazo para saber que detrás no hay nada. Ya les contaré. Sin ciencia no hay futuro.