El cinismo elevado a doctrina de Gobierno

Hay frases que retratan a un Gobierno entero. La nueva portavoz afirmó, con una mezcla de solemnidad impostada y desparpajo insultante, que “apela a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para preservar las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones”. No es una declaración desafortunada. Es una provocación. Y, sobre todo, una demostración obscena de cinismo político.

Porque cuando quien pronuncia esas palabras representa a un Ejecutivo sostenido por Bildu, Junts, Esquerra Republicana y Unidas Podemos, la afirmación deja de ser retórica para convertirse en un sarcasmo deliberado. ¿De verdad se nos pide que finjamos no saber quiénes son sus socios? ¿Que ignoremos que muchos de ellos no solo cuestionan las instituciones, sino que trabajan activamente para vaciarlas, erosionarlas o directamente sustituirlas?

Pretender erigirse en defensores de las instituciones mientras se gobierna contra su espíritu y, en ocasiones, contra su letra, es tratar a los ciudadanos como menores de edad políticos.

Bildu, que jamás ha hecho una ruptura moral inequívoca con el terrorismo. Junts, cuyo proyecto político consiste en repetir un golpe al Estado con mejores condiciones. Esquerra, que negocia la gobernabilidad mientras declara su objetivo de liquidar el marco constitucional. Unidas Podemos, que ha hecho del desprecio a la justicia, a la monarquía y a las fuerzas del Estado una bandera ideológica. Ese es el bloque que sostiene al Gobierno. Ese es su “escudo institucional”.

Hablar de preservar las instituciones desde esa posición no es solo incoherente: es indecente. Porque este Gobierno no se ha limitado a pactar con quienes las cuestionan; ha asumido su marco mental, ha blanqueado sus discursos y ha convertido la cesión permanente en norma de supervivencia política. Todo vale si garantiza un voto más, un día más en el poder, una foto más en La Moncloa.

La institucionalidad se invoca aquí como coartada, no como principio. Se utiliza como palabra hueca mientras se indulta, se amnistía, se trocea la legalidad y se negocia el Estado por partes. No para mejorar la convivencia, sino para sostener un poder cada vez más frágil y más dependiente de quienes desprecian abiertamente el sistema.

Lo verdaderamente grave no es ya la contradicción, sino la desfachatez. Pretender erigirse en defensores de las instituciones mientras se gobierna contra su espíritu y, en ocasiones, contra su letra, es tratar a los ciudadanos como menores de edad políticos. Es asumir que la propaganda basta para tapar la evidencia.

Las instituciones no están en peligro por quienes las critican desde fuera. Están en peligro cuando quienes gobiernan las utilizan como decorado mientras las vacían de contenido. Y cuando el cinismo se convierte en discurso oficial, lo que queda no es institucionalidad: es pura impostura.