Todos contentos

A tenor de las evaluaciones sobre el resultado de la huelga general del pasado 11 de noviembre podría decirse que, como en tantos otros casos, todos los protagonistas han salido ganando. Lo han hecho los sindicatos, que pese a que la movilización ha sido dispar, han considerado que la huelga ha superado sus expectativas, algo lógico dada las peculiaridades de la convocatoria; han ganado los empresarios que han cifrado su seguimiento en un raquítico 5%, y la que menos daño ha hecho a sus intereses económicos. Han ganado los partidos de derechas porque consideraban que era una huelga contra la oposición que no ha conseguido sus objetivos, y ha ganado el Gobierno porque en este caso no ha sido el destinatario de la protesta, pese a su responsabilidad en la situación creada, y las manifestaciones con las que culminaron la jornada de paro le infunden ánimo sobre la movilización de la izquierda.

Cuantificar la participación de los trabajadores en una huelga es siempre un asunto muy delicado. Suele afirmarse que sin la intervención de los piquetes informativos el seguimiento de la huelga habría sido todavía mucho menor, y eso que suelen actuar en sectores productivos muy sindicalizados, pero se debe tener en cuenta que, en un país en el que las pymes representan el 99% del tejido empresarial, el miedo a las represalias representa un factor determinante y es imposible cuantificar el tanto por ciento de los trabajadores que no participan por temor a quedarse sin trabajo. Y sin contar con la irrupción del teletrabajo.

La reacción de los dirigentes del PP a una huelga que han considerado, no sin razón, que iba contra ellos ha sido la de minimizar la fuerza de los sindicatos, tirar de la caricatura de las mariscadas, y lanzarles advertencias sobre su futuro. Y eso que hace unos días el propio Feijóo declaró que necesitaba “interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que hablar, dialogar, discrepar y acordar”. Una predisposición que parece que caerá en terreno baldío pese a que las reclamaciones de los sindicatos y de una buena parte de la población sobre, vivienda, salarios y servicios sociales les interpela directamente.

En la presentación de su programa electoral, Feijóo se ha comprometido a construir un millón de viviendas a lo largo de la legislatura. Eso significa que se tendrían que entregar unas 685 diariamente, que lógicamente se acumularan en los años finales de su mandato, pero no ha dicho cuántas de estas serán de protección oficial y destinadas a compras y alquileres asequibles, y no hay constancia de que las comunidades autónomas hayan tenido ese subidón de fiebre constructora, ni han aplicado la ley de vivienda que podría rebajar la tensión en el mercado de la vivienda. Además, su pretensión es derogar los decretos antidesahucios recién aprobados.

Con respecto a la segunda demanda sindical, Feijóo se ha comprometido a subir el salario medio que ahora se sitúa en 2.041 euros, frente al salario más frecuente que es de 1.376 euros, lo que le da mucho margen para convencer a la CEOE de que suba los sueldos, porque el SMI, que quedará próximo a los 1.300 euros, va camino de convertirse en el sueldo habitual.

Sobre los servicios sociales se cierne la sombra privatizadora cuando no del recorte para atender según qué compromisos. Quizá el éxito de la huelga general haya sido recordarle al PP que estarán atentos al cumplimiento de sus promesas electorales.