Control judicial y covid-19

El estado de alarma no supone que los poderes constitucionales hayan dejado de funcionar. El poder judicial lo ha seguido haciendo con resoluciones en aspectos relevantes de la crisis provocada por la covid-19.

El Tribunal Supremo ha obligado al ministro de Sanidad a rendir cuentas cada quince días de las medidas de protección puestas al alcance del personal sanitario. Los tribunales superiores de Justicia han revocado decisiones de las autoridades administrativas que impedían el ejercicio del derecho de manifestación y los jueces han desautorizado algunas medidas sanitarias coercitivas contra las personas, castigado desobediencias graves del confinamiento y, en fin, controlado cientos de miles de expedientes de regulación temporal de empleo.

La suspensión de los plazos procesales, que se levanta el 5 de junio, no ha impedido el control judicial del Gobierno y la Administración. Así algunos abogados han exclamado "aún hay jueces en este país," y esperemos que por mucho tiempo.

Sin embargo, la Administración de Justicia va a salir muy tocada de la pandemia, y va a costar mucho esfuerzo, casi titánico, resolver las montañas de escritos, demandas y recursos que aguardan en las oficinas judiciales. El Ministerio de Justicia ha prometido que se volcará en la dotación de modernos medios telemáticos, pero por el momento solo se pude contar, en esta labor de control judicial, con la profesionalidad y dedicación de los que trabajan en la Administración de Justicia.