Cuéntame un cuento

Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama y tengo lindos sueños”. El grupo musical Celtas Cortos fueron con su canción el fiel reflejo de lo que, a menudo, practica la política.

Hablar de prostitución evoca a quien vende su cuerpo a cambio de dinero, soslayando a quienes en retribución por su sonrisa, presencia, principios o lealtad aceptan privilegios y ventajas. Es decir, una cosa es la prostitución y otra el puterío: esa forma de actuar en la que todo parece tener un precio y los principios se subordinan al interés. Es en este punto donde conviene distinguir entre lo ilegal y lo alegal, entre lo inmoral y lo amoral. Lo ilegal contraviene la ley; lo alegal se mueve en un terreno que no está claramente regulado. Lo inmoral contradice determinados principios éticos; lo amoral queda al margen de esa valoración. Que algo no esté prohibido no significa que sea ético, del mismo modo que una actuación legal no queda automáticamente libre de reproche moral. Esta distinción importa cuando examinamos la actuación de quienes nos gobiernan. Porque una cosa es lo que la ley permite y otra lo que un gobernante debería hacer por responsabilidad, sobre todo cuando se pone de manifiesto que los manidos fondos buitre están sentados a la izquierda del hemiciclo.

Porque de eso se trata, de la inmoralidad relativa a la vivienda. Durante años se han anunciado medidas, planes y soluciones, pero el acceso a una vivienda se ha convertido en un problema para miles de ciudadanos, porque no se ha hecho nada. El Gobierno no ha construido vivienda pública ni de protección oficial para responder a esa necesidad, trasladando la presión a los propietarios privados, como si fueran ellos quienes debieran resolver por su cuenta las carencias de la política de vivienda, o dicho de otro modo, el Gobierno ha enajenado las viviendas a sus propietarios, con la inseguridad jurídica y la amenaza como única contraprestación.

Pero lo infame llegó en un artículo descolgado de la ley Maricarmen que el Ejecutivo pretende aprobar por la puerta de atrás en la Diputación permanente, y que se refiere a poder desahuciar a inquilinos del parque de viviendas públicas, una contradicción que merece explicaciones: mientras se exige responsabilidad a los propietarios, las administraciones también deben responder por sus propias actuaciones cuando las viviendas pertenecen al Estado y se producen desahucios, incluso de personas vulnerables. Si el Gobierno reclama sensibilidad y responsabilidad a los ciudadanos, debe demostrar esos mismos principios en su propia gestión.

El Gobierno no ha construido vivienda pública ni de protección oficial para responder a esa necesidad, trasladando la presión a los propietarios privados, como si fueran ellos quienes debieran resolver por su cuenta las carencias de la política de vivienda

No se puede exigir a los demás lo que uno no está dispuesto a cumplir, y tampoco basta con anunciar derechos si después no se ponen los medios para hacerlos efectivos. A partir de ahí, cada ciudadano debe hacerse una pregunta: ¿qué importa más, lo que un partido promete o lo que realmente consigue? Porque los discursos no construyen viviendas, las consignas no pagan alquileres y las declaraciones institucionales no llenan la nevera.

Si el ciudadano medio no puede acceder a una vivienda, si su sueldo no llega a fin de mes y mantener un coche se convierte en un lujo, tiene todo el derecho a exigir explicaciones, con independencia de quién gobierne. Por eso hay que dejar de creer en palabras sin más. Hay que contrastar los datos, examinar los resultados y aplicar el mismo criterio a todos, sin convertir a ningún partido en depositario de la verdad ni dar por buenas las propias decisiones simplemente por identificarse con unas siglas.

Llegados aquí, la pregunta incómoda es, si la situación general empeora y las promesas no se cumplen, ¿por qué hay tanto miedo a la otras alternativas? Por qué no examinar sus propuestas y rechazarlas por razones concretas, sin descartarlas solo porque nos han mareado con el mantra de temerlas.

Esto no constituye una afirmación acerca de a quién se debe votar, sino recordarle a cada votante que no renuncie a pensar por sí mismo. Que escuche a unos y a otros, compare sus propuestas y compruebe qué han hecho cuando han tenido la responsabilidad de gobernar. Ningún partido merece fidelidad ciega ni un cheque en blanco. Porque las promesas no pagan el alquiler ni construyen viviendas. Si quienes gobiernan no resuelven los problemas, nadie les debe su voto, y si el miedo a una alternativa impide exigir cuentas a quienes están en el poder, quizá el cuento ya no es que nos lo estén contando, quizá sea el ciudadano quien siga creyéndoselo.