Cura Termal y Seguridad Social en España: un desencuentro a debate

Por qué importantes economías europeas incluyen la balneoterapia en la cartera de servicios sanitarios de la Seguridad Social y España no? ¿Por qué, al respecto de la eficacia de la cura termal, las evidencias científicas disponibles en Francia, Alemania o Italia resultan menos concluyentes una vez cruzadas nuestras fronteras nacionales? ¿Por qué a los eficientes hacendistas continentales, tan preocupados por las cargas financieras y la sostenibilidad económica de sus respectivos Sistemas Públicos de Salud, les sale la cuenta del beneficio social y sanitario del termalismo, y a sus homónimos españoles no? Allá por el año 2001, el profesor Weisz, de la McGill University de Montreal, apuntaba una eventual respuesta a tal cúmulo de interrogantes que, no por ser plausible, resultaba menos inquietante. Los factores explicativos de los diferentes modelos nacionales sobre la cuestión esgrimida descansarían en la dimensión y poder de las respectivas industrias balnearias, y en la naturaleza de la particular relación entre las organizaciones médicas profesionales, las instituciones públicas y los ámbitos científicos y académicos asociados al termalismo. Una manera un tanto eufemística de plantear el asunto que no dejaba de sugerir un notable desencuentro histórico en España entre la propiedad balnearia, la comunidad médico-científica y la Administración, amén de constatar la existencia de puntos de vista dispares en el seno de los colectivos mencionados.

Cuando menos en nuestra ciudad, diferentes foros (y otros que vendrán) han sido testigos de las aportaciones de cualificados profesionales de la medicina convencional que han destacado las bondades de las prácticas balnearias a la hora de tratar distintas patologías

No obstante, y de un tiempo a esta parte, parece que ha cobrado cierta notoriedad el debate siempre latente sobre la oportunidad de incorporar el termalismo terapéutico a la cartera de servicios del Sistema de Salud español. Cuando menos en nuestra ciudad, diferentes foros (y otros que vendrán) han sido testigos de las aportaciones de cualificados profesionales de la medicina convencional que han destacado las bondades de las prácticas balnearias a la hora de tratar distintas patologías, de prevenir eventuales dolencias e incluso de contribuir eficazmente a la tan deseada longevidad de nuestra existencia. Una coyuntura que anima no solo a ser persistentes en el empeño divulgador y en la dimensión pedagógica del asunto, sino que invita a afrontar con mayor intensidad un desafío cuya resolución puede ser vital para la ciudad y provincia de Ourense. Porque a nadie se le escapa que, más allá de las limitaciones de nuestro modelo termal y del escepticismo crónico de ciertos representantes institucionales, un cambio legislativo en la dirección apuntada supondría un espaldarazo a nuestra industria balnearia, un revulsivo para la economía de servicios local y una mayor calidad de vida de los ourensanos. Cuestiones nada baladíes cuando, si bien destacamos positivamente por detentar notables cifras de población centenaria, los guarismos de empleo, renta, riqueza y bienestar que nos acompañan siguen comportándose con la atonía que les viene caracterizando desde hace demasiadas décadas.

Pero toda gran solución, sea cual fuere el problema a solventar, requiere fuertes y amplios compromisos, una detallada planificación de actuaciones y la suma sin reservas de múltiples voluntades y esfuerzos. Y el caso que nos ocupa no es ni será una excepción al respecto. Soy consciente de que vivimos momentos de polarización extrema y que los diferentes actores institucionales de nuestro entorno, llamados a desencadenar el cambio normativo que la sociedad requiere, se ven arrastrados por dinámicas cuyo rumbo y evolución vienen determinados por decisores externos. No obstante, también resulta obvio que en algún momento de nuestra historia tendremos que sugerir una tregua en la refriega política que nos consume y reivindicar ante quien corresponda que “París bien vale una misa”, con independencia de la creencia que se profese.