Educación 'a capella'

Las sucesivas declaraciones del ministro afirmando que todos los consejeros de Educación de las diferentes comunidades autónomas, al igual que los representantes de los partidos políticos, consideraban preciso sacar adelante un Pacto Social y Político por la Educación, me habían hecho concebir cierto grado de esperanza acerca de mi deseo de poner remedio definitivo a nuestro maltrecho sistema educativo. Más, si cabe, cuando desde las páginas de este mismo diario ya había llamado la atención sobre la necesidad de alcanzar un pacto en este sentido.

Sin embargo, cuando las noticias sobre el acuerdo fueron dando paso a las diferentes propuestas políticas, comencé a percibir que estábamos ante un parche más y no ante la reforma en profundidad que se necesita. Para que ésta fuera eficaz al cien por cien, tendría que pasar por poner sobre la mesa la elaboración –sin prisa y con auténtico consenso- de una nueva Ley de Educación. Y todo esto, a pesar de lo difícil e inimaginable que pueda resultar, políticamente hablando, el plantearse la posibilidad de pensar en semejante alternativa a sólo cuatro años de ser aprobada la última ley (LOE).

No obstante, podría resultar que la propuesta de una nueva ley no fuese tan dramática si tuviéramos en cuenta que en estos momentos existe unanimidad, incluso por parte del Gobierno, en reconocer que la LOE ha fracasado en solucionar los problemas educativos y que también hay una cierta predisposición a buscar soluciones. Prueba de ello es el documento-debate elaborado por el Gobierno y las propuestas de los partidos, al margen de que en ambos se aprecie un predominio de lo accesorio y lo político sobre lo fundamental.

Ante todo esto, sería importante considerar que el primer objetivo de la reforma debería ser el compromiso de todos los agentes implicados de trabajar “a capella”. Esto implicaría que sería indispensable prescindir de todo acompañamiento e interferencia política o social que distraigan o tiendan a incluir debates transversales que nada ayudan en este momento. Alcanzar este objetivo es clave, ya que significaría erradicar del debate gran parte de la problemática y de los obstáculos existentes hoy en día. Sobre todo, permitiría centrarse en lo que realmente interesa y en lograr más fácilmente posiciones de consenso para poder abandonar el furgón de cola del tren de la Educación europea.

A estas alturas, nadie cuestiona que alcanzar consensos y logros en este sector tan difícil como importante exige grandes esfuerzos por parte de todos. Superados los escollos iniciales, convendría explorar más a fondo y con espíritu crítico todas las posibilidades y aportaciones que conduzcan a reformas estructurales definitivas. Algunas de ellas son tan imprescindibles como, por ejemplo, establecer un bachillerato de tres años sin complejos ni remiendos para poder adecuarlo al espacio común europeo o dar el salto definitivo de la cantidad –propia de los años ochenta- a la calidad y la excelencia que demanda el siglo XXI, así como una mayor implicación del alumnado, exigiendo que cumpla con su parcela de responsabilidad a través del trabajo, el esfuerzo y el respeto.

Si existe voluntad de consensuar y trabajar “a capella”, la reforma educativa seguro que lograría enderezar su rumbo. Porque nada es difícil si hay voluntad de superarlo “nihil difficile volenti”.