El efecto de la regulación de delincuentes extranjeros pendientes de juicio

Cabe preguntarse si se ha tenido en cuenta que con la nueva regulación de inmigrantes ilegales se van a beneficiar de esta situación un elevado número de delincuentes comunes, repetidamente detenidos y que carecen de antecedentes penales por el atasco de la administración de Justicia española que ha impedido que fueran juzgados. Hay sujetos, sobre todo en algunas ciudades, que son delincuentes habituales, detenidos en algún caso hasta quince a veinte o más veces, que no han comparecido ante un juez, o que, incluso, cuando lo han hecho, fueron puestos en libertad, pendientes de ser llamados a juicio, y por lo tanto, carecen de antecedentes penales, es decir, están limpios en ese sentido. O sea, que verán regulada su situación y sus actos quedarán plenamente impunes. Y lo mismo cabe decir de los procesos de expulsión en marcha. Conviene recordar los casos de delincuentes con órdenes de expulsión no ejecutadas que cometieron graves delitos, incluidas violaciones. Dentro de ese medio millón de inmigrantes ilegales ciertamente que hay buenas personas que han venido a trabajar y a buscarse la vida honradamente, sin la menor duda. Pero también de los otros. En no pocos casos, entre esas personas se encuentran quienes apenas llevan unas semanas aquí. En suma, se benefician y tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Quienes cumplan los requisitos podrán obtener autorización de residencia provisional y acceso a derechos como la asistencia sanitaria. La medida estará abierta hasta el 30 de junio.

Podemos considera una gran victoria y se vanagloria de las facilidades con que cualquier persona podrá justificar los requisitos exigidos, desde el empadronamiento o también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o un certificado de envío de dinero. Además, la admisión a trámite de la solicitud ya dará una autorización de residencia y trabajo por un año y suspenderá automáticamente los procedimientos de expulsión. Incluso una orden de expulsión es un documento que demuestra la estancia en España. Por no decir el descontrol del empadronamiento, donde los casos de fraude son notables, como el que se hayan inscrito en pisos ocupados, donde dicen residir hasta cincuenta o más personas. Imaginemos un inmigrante que entró ilegalmente en España y comete hurtos, robos en el metro, asalto a ancianas o cualquier otro delito. Como no ha sido juzgado y, y pese a su actividad, no tiene antecedentes, el coladero va a ser inmenso. Eso recuerda aquello que dijera una vez el juez Garzón, en el sentido de que, en democracia, los ciudadanos a veces tienen que acostumbrarse a vivir con algunas incomodidades. Y nadie duda que el efecto en algunas ciudades que sufren ya una elevada delincuencia urbana va a ser inmediata. Porque hay delincuentes que unirán a la impunidad la plena regularización.

Lo insólito es que un asunto de tal envergadura no se debata en el Congreso, por sus efectos previsibles. Quienes cumplan los requisitos podrán obtener autorización de residencia provisional y acceso a derechos como la asistencia sanitaria. La medida estará abierta hasta el 30 de junio. Irene Montero, destaca que esta medida es una respuesta a la injusticia y a la explotación laboral que sufren miles de personas. Pero es evidente que tendrá otros efectos que van a ser favorecidos por la fórmula elegida. Lo exigir no tener antecedentes penales está bien, pero no se conoce si los tienen en sus países de origen, y en este caso, pese a las numerosas ocasiones en que algunos han sido detenidos, llevados ante el juez y enviados a la calle, pendientes de ser juzgados. Estos sujetos carecen de antecedentes penales, aunque deberían comprobarse, y haber sido expulsados del país. Es sabido, por ejemplo que, tras los indultos del rey de Marruecos, muchos delincuentes comunes de este país se han venido a España, deshaciéndose de su documentación. No existe modo alguno, y menos se puede contar con la colaboración de Marruecos, para identificar a estas personas y conocer sus antecedentes, como han denunciado los sindicatos y organizaciones policiales. Y conviene recordar que cuando se hicieron las regulaciones anteriores, no se había producido la eclosión de delincuencia cotidiana de extranjeros de nuestros días, sobre todo en algunas ciudades. ¿Por qué no se diseñó alguna medida para los delincuentes multirreincidentes? Sólo en Cataluña, los mossos han detectado a 4.000 de ellos activos.