El fiscal general

Nunca un fiscal general había sido imputado. Por tanto, nunca se había producido la situación inaudita, de que un fiscal general se negara a dimitir.

Alvaro García Ortiz tiene todo el derecho a defenderse y a la presunción de inocencia; como tiene también derecho a convocar a la Junta de Fiscales para exponer su versión ante sus compañeros. Lo que no cabe es mentir. Ni como fiscal ni como persona física. Y eso mismo vale para sus compañeros el ministro de Justicia y la vicepresidenta María Jesús Montero. Los tres, y es el punto que más utiliza García Ortiz para justificar su no dimisión insisten en que este polémico asunto gravita en que mintieron Isabel Díaz Ayuso y su pareja Alberto González Amador, cuando dijeron que no había defraudado a Hacienda y, después, él reconoció que efectivamente había cometido delito contra la Hacienda pública y estaba negociando con la agencia tributaria cómo saldar su deuda y reducir la posible sanción.

Lo que no cuentan García Ortiz, Félix Bolanos y Montero, es que cualquier persona que decide negociar con Hacienda, previamente debe reconocer que ha cometido delito. Siempre, es condición indispensable. Será la agencia tributaria y un juez, si se diera el caso, quien decidirá sobre la situación de González Amador; pero estaba obligado a decir que había delinquido en cuanto tomó la decisión de negociar con la autoridad fiscal.

Será el juez instructor del Tribunal Supremo quien resuelva sobre la situación del fiscal general una vez finalice su trabajo, escuche a todas las partes y analice los documentos necesarios

La situación del fiscal general es muy delicada. Su presunto delito no es el de desacreditar a la presidenta madrileña y a su pareja por posible fraude a Hacienda, sino difundir datos fiscales de Alberto González que en ningún caso se pueden difundir. Y parece acreditado que fue García Ortiz quien los filtró a varios medios de comunicación afines al gobierno. Será el juez instructor del Tribunal Supremo quien resuelva sobre la situación del fiscal general una vez finalice su trabajo, escuche a todas las partes y analice los documentos necesarios; pero sí se puede tener criterio sobre la reacción de García Ortiz ante la imputación: no dimite porque, ha dicho a través de una nota, su continuidad es “lo menos gravoso” para la institución que representa.

Es su opinión. A lo largo del día, muy diferentes personalidades del mundo judicial y fiscal han opinado en el sentido contrario: García Ortiz, empeñado en su blindaje, desprestigia a la Fiscalía General y compromete también al gobierno que lo nombró.

Aunque ni el fiscal general ni Sánchez han puesto excesivo empeño en prestigiar a la Fiscalía: desde la elección de Delgado primero, y de García Ortiz después, se han sucedido nombramientos que han provocado escándalo por no cumplir los requisitos que se exigían, o por tener enfrentamientos sonados con el Tribunal Supremo. El gobierno, siempre, ha defendido sin fisuras al fiscal.

Hoy, García Ortiz es visto como terminal del sanchismo en la Fiscalía. Más que un fiscal general de reconocido prestigio, una de las condiciones para acceder al cargo.