Un enfrentamiento más

Los argumentos jurídicos a favor y en contra de la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de no admitir el recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares que impedirán que 164.000 residentes en el extranjero y nacionalizados españoles puedan votar en las elecciones del próximo 29-N están claramente explicados tanto en el auto de la mayoría del tribunal como en el voto particular de una magistrada, que considera que se vulnerará el derecho constitucional de estas personas a votar. Para los jueces de la mayoría el derecho a voto “no tiene carácter absoluto” y menos cuando se opone un “interés genera mayor” como la inexistencia de irregularidades en el censo electoral; para la magistrada discrepante, la imposibilidad de votar constituye “una lesión irreversible” del derecho de sufragio de los afectados.

El adelanto electoral ha pillado por sorpresa a la Sala que ve la denuncia de Vox y de Iustitia Europa, que no ha tenido tiempo de entrar al fondo del asunto y ha decidido mantener las medidas cautelares. Pero bien podría haber aceptado el recurso contra esa decisión porque se privará del voto a personas que ya lo han ejercido en anteriores procesos electorales sin que su participación hubiera supuesto un mayor problema, sobre todo porque no se ha producido un aumento exponencial de integrantes del Censo de Españoles Residentes Ausentes, y aplicar distintos principios del derecho como el que afirma que es preferible que un culpable quede en libertad a que se condene a una persona inocente, lo que aplicado al voto de los españoles nacionalizados supone que no debe privarse a nadie de un derecho solo por las sospechas de que el censo ha sido engordado artificialmente con la finalidad de beneficiar al PSOE.

La decisión del Supremo abre un nuevo frente de enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces.

Con este censo, si bien es cierto que el PSOE ha ganado al PP en voto exterior en las últimas elecciones autonómicas, la incidencia ha sido tan baja que no ha alterado el resultado en ninguna de las circunscripciones, y el único caso reseñable en el que el voto CERA ha cambiado un escaño ocurrió en las pasada elecciones generales y permitió al PP arrebatarle el último escaño al PSOE por Madrid.

La decisión del Supremo abre un nuevo frente de enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces. Si hace unos días el debate jurídico sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía desembocó en señalar la afinidad del presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, con el Gobierno y en resaltar que se trataba de una sentencia de carácter político, otro tanto se puede afirmar de la decisión de la Sala de lo Contencioso en la que no son pocos los expertos que se está ante otro episodio de politización de la justicia en beneficio de los intereses del PP. No por los futuros resultados, porque nadie puede saber cuál es la intención de voto de los que han sido privados de participar en las elecciones, sino por dar pábulo a las sospechas de la derecha sobre la limpieza del proceso electoral, y por la propia composición del tribunal, integrado por cinco magistrados netamente conservadores y en algunos casos con vínculos evidentes con el PP. Concomitancias partidarias a tener en cuenta si el TC, en su caso, tiene que ver algún recurso interpuesto por los privados del voto, otra vez en contra del Supremo.