Jesús Prieto Guijo
LA OPINIÓN
Hace 20 años
Sánchez ha llevado a España al límite del lado oscuro de nuestra historia, y nuestro país esta inmerso en un problema político y social que no admite eufemismos: un presidente que ha convertido su permanencia en el poder en su único fin de Gobierno y la supervivencia parlamentaria en su estrategia de Estado. Lleva años alimentándose de una combinación preocupante: fragmentación parlamentaria, dependencia de socios cada vez más exigentes, cesiones territoriales, polarización y una extraordinaria capacidad para convertir cualquier derrota en una batalla por el relato. Pero el deterioro es ya totalmente constatable, incluso dentro de su propio partido. Que un ministro como Óscar Puente haya verbalizado que podría suceder a Sánchez no es una anécdota. Es una señal. En política, las sucesiones empiezan mucho antes de que se anuncien oficialmente. Empiezan cuando quienes rodean al líder olfatean su agónico final y empiezan a preguntarse quién ocupará su lugar ante su inminente fin de ciclo. El debate sucesorio ha comenzado. Y eso es exactamente lo que debería preocupar a Sánchez. Pero mucho más debería preocuparnos a los españoles. Porque el problema ya no es solamente Sánchez. El problema es el inmenso daño institucional que está produciendo.
La reciente crisis de Ceuta ofrece un ejemplo especialmente grave. El 63% de los españoles desaprueba la gestión del Gobierno durante aquella crisis y el 72% considera que el Ejecutivo tuvo responsabilidad en lo ocurrido. Nueve de cada diez ciudadanos, al mismo tiempo, señalan a Marruecos como principal responsable. El dato revela una preocupación que debería estar por encima de cualquier sigla: la seguridad nacional no puede convertirse en una variable secundaria de la política de supervivencia de un Gobierno. Y mientras tanto, el frente judicial sigue, y seguirá, acumulando presión sobre el entorno del poder socialista. Koldo, Cerdán, Begoña Gómez, Plus Ultra, Leire Díez y otros asuntos forman parte de un paisaje judicial demasiado extenso como para despacharlo con el argumento de que todo es una conspiración contra Sánchez.
Tengo cristalino que lo van a intentar casi todo, y que vamos sufrir nuevos episodios nacionales preocupantes y tumultuosos
España necesita urgentemente volver a tener un Gobierno que gobierne para España. Y es que el fin de ciclo de Pedro Sánchez ya se visualiza claramente. Y cuando un poder político entra en su fase terminal, la obligación de todos -instituciones, gobierno, oposición, medios de comunicación y ciudadanos- no es acelerar el caos, es impedir que, en su caída, arrastre y dañe a nuestro país. Y aquí, la comparación de Pedro Sánchez con determinados líderes latinoamericanos -Petro, Maduro o Evo Morales- puede resultar políticamente provocadora, pero no debe confundirse la retórica con la realidad institucional. España no es Venezuela ni Bolivia ni Colombia. España tiene una democracia consolidada, una economía abierta, una sociedad civil fuerte, una Justicia con garantías y forma parte de la Unión Europea. Pedro Sánchez no es España. Ni siquiera es el PSOE. Es simplemente el presidente de turno de una nación que existía antes de él y seguirá existiendo después. Ese debería ser el límite que ningún gobernante democrático debería olvidar.
Y no. No caigamos en la trampa del conflicto social a la que supuestamente nos quiere derivar el sanchismo. Tengo cristalino que lo van a intentar casi todo, y que vamos sufrir nuevos episodios nacionales preocupantes y tumultuosos. Pero debemos aguantar firmes y serenos hasta la próxima convocatoria de elecciones generales, y ahí sí, ahí debemos erradicar contundentemente al sanchismo en las urnas y poner fin al episodio más tenebroso y oscuro en la reciente historia de España.
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