España, Israel y la economía: hay costes

En política internacional, se tiende a evitar enfrentamientos diplomáticos por las implicaciones económicas que suelen conllevar. Mantener buenas relaciones con otros Estados es la forma más eficaz de reducir riesgos y garantizar estabilidad, sobre todo en un contexto global marcado por la interdependencia. Sin embargo, España ha optado por una vía distinta frente a Israel: la de asumir costes en nombre de los valores democráticos y del derecho internacional, lo cual es loable, pero no es gratis.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció nueve medidas contra Israel, que incluyen un embargo de armas, la prohibición de tránsito de aviones y barcos con destino a su ejército y restricciones a productos procedentes de los territorios ocupados. Se trata de decisiones con fuerte carga simbólica y política, pero con efectos económicos.

A corto plazo, España deberá buscar alternativas para suplir su dependencia en áreas tecnológicas críticas, como la ciberdefensa y la guerra electrónica, donde Israel es un proveedor de referencia. Esto no solo implica un esfuerzo financiero adicional, sino también la necesidad de diversificar socios estratégicos, posiblemente recurriendo a empresas europeas o norteamericanas.

El segundo frente de riesgo está en la relación con EE UU, aliado principal de Israel. Washington podría interpretar las sanciones como un desafío indirecto y responder con presión militar y comercial. No es descartable que se introduzcan condicionantes en la cooperación bilateral en defensa, especialmente en el uso de las bases de Rota y Morón, vitales para la OTAN. Tampoco puede ignorarse que Marruecos podría convertirse en la carta alternativa de Washington, una hipótesis que añadiría tensión geopolítica al flanco sur de Europa.

El desafío no está en el volumen del comercio con Israel, sino en la percepción de España como socio en el tablero internacional

Desde la óptica del comercio, el impacto directo de las sanciones será limitado, dado que el intercambio bilateral con Israel no es de gran volumen. Sin embargo, la prohibición de importar productos de los asentamientos ilegales sí puede afectar a algunas empresas españolas, especialmente distribuidoras y cadenas de exportación agrícola e industrial que operan con proveedores en la región.

El verdadero desafío no está en el volumen del comercio, sino en la percepción de España como socio en el tablero internacional. Al situarse en la primera línea de la crítica a Israel, corre el riesgo de convertirse en objetivo de represalias diplomáticas que frenen inversiones o limiten contratos en sectores sensibles. Esto puede tener efectos colaterales sobre la economía en áreas que van más allá del vínculo bilateral con Israel.

Las sanciones españolas no alterarán por sí solas el rumbo de la cruel ofensiva israelí sobre Gaza. El Gobierno lo sabe, pero asume la lógica de que no se puede permanecer impasible ante la matanza de civiles y la vulneración del derecho internacional. Es un gesto ético que coloca a España en una posición de coherencia moral, aunque con un coste material que aún no se puede cuantificar.

La clave ahora está en la consistencia. Si el embargo de armas se limita a operaciones directas y deja margen para los componentes intermedios, el mensaje perderá fuerza. Si la prohibición del tránsito aéreo y marítimo admite excepciones, se generará la impresión de un gesto incompleto. Y si el Gobierno no hace un esfuerzo pedagógico, el debate interno podría derivar en confusión.

@J_L_Gomez