Los fondos rusos dividen a Europa

Por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania, la Unión Europea se adentra en terreno inexplorado: convertir los activos soberanos rusos congelados en territorio europeo –unos 180.000 millones de euros– en una fuente directa de financiación para Kiev. La idea, promovida por la Comisión Europea, parte de un principio simple y potente: que Rusia pague, al menos en parte, por los daños que ha causado. Pero el mecanismo propuesto, un “préstamo de reparación” a interés cero, ha abierto una grieta entre los socios europeos y plantea dudas jurídicas, económicas y políticas de enorme calado.

El plan, presentado por Bruselas a los Estados miembros, propone emplear unos 140.000 millones de euros del dinero ruso inmovilizado en la cámara financiera Euroclear –con sede en Bélgica– para financiar un crédito a Ucrania. La estructura del préstamo sería singular: Kiev solo debería devolverlo una vez terminada la guerra y cuando Rusia hubiera compensado a su vecino por los daños. El resto de los fondos, unos 40.000 millones, seguiría generando rendimientos para respaldar otros créditos. Según las estimaciones de Bruselas, este mecanismo podría aportar hasta 45.000 millones de euros anuales entre 2026 y 2028.

La Comisión Europea insiste en que no se trata de una confiscación. “El crédito del Banco Central de Rusia sobre Euroclear permanece intacto”, señala el documento interno de la UE, que defiende la legalidad del plan con base en el derecho europeo e internacional. “La medida es proporcionada y temporal”, argumenta el texto, “y podría revertirse en cuanto Rusia cese su agresión y compense a Ucrania”. Pero no todos comparten esa lectura.

La UE se plantea un “préstamo de reparación” a Kiev financiado con los activos rusos congelados, pero hay temor a las demandas

El Gobierno de Bélgica, en cuyo territorio se encuentra Euroclear y, por tanto, la mayor parte de los fondos, se niega por ahora a dar luz verde. Su primer ministro, Bart De Wever, ha sido tajante: “Rusia debe pagar por la devastación que ha causado, pero debemos hacerlo con seguridad jurídica y garantías mutuas”. Bélgica teme que, si se levantan las sanciones o cambia el contexto político, Moscú reclame judicialmente el dinero y acuda a tribunales internacionales o de arbitraje. Bruselas propone mutualizar el riesgo –léase que todos los Estados miembros respalden las posibles pérdidas–, pero el Ejecutivo belga considera insuficiente esa salvaguarda.

El Banco Central Europeo también ha manifestado reservas. Teme que el uso directo de activos soberanos extranjeros pueda dañar la reputación del euro como moneda de reserva global y disuadir a otros países de mantener parte de sus reservas internacionales en instituciones europeas. Si la UE abre la puerta a utilizar fondos congelados para fines políticos, advierten en Fráncfort, los inversores podrían percibir un riesgo añadido en el sistema financiero europeo. Lo que hoy se presenta como un gesto de solidaridad con Ucrania podría socavar la credibilidad jurídica y financiera de la propia UE.

El dilema es profundo. De un lado, Ucrania afronta un abismo económico. Tras la reducción del apoyo estadounidense, la UE se ha quedado prácticamente sola en el esfuerzo de sostener al país invadido. Según el FMI, Kiev necesita al menos 130.000 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para sobrevivir y financiar su defensa. La Comisión Europea confía en que el préstamo de reparación permita cubrir buena parte de esa brecha.

@J_L_Gomez