Futuro en negro

El sistema judicial español es muy garantista y de ahí las dilaciones que a menudo se producen desde que se denuncia un delito hasta que se dicta sentencia firme, o más aún si el asunto adquiere relevancia constitucional y entra en juego el Alto Tribunal de tal forma que al cabo de un tiempo es preciso una brújula y un mapa de situación para saber en qué momento se encuentra un proceso. Pero es lo que da alguna esperanza a quienes aparecen condenados de antemano.

Así, toda la ebullición en los casos de supuesta corrupción que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de su hermano y el de su esposa, más el que afecta al fiscal general -nada que decir del caso de presunta corrupción manifiesta que supone el caso Koldo-Ábalos-Cerdán- y el que afecta el novio de la presidenta madrileña, se encuentran en los momentos previos a la apertura del juicio oral y en todos ellos vuelven a repetirse los informes cruzados de los expertos de una u otra orientación que no se ponen de acuerdo sobre la idoneidad de las medidas adoptadas por los jueces instructores al tiempo que se disparan las dudas sobre los jueces encargados de juzgar o el medio por el que serán juzgados.

Que el juez que instruye todo el caso de Begoña Gómez tampoco da puntada sin hilo es evidente

Se acaba de conocer que la sala del Supremo que juzgará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está compuesta por siete magistrados, cuatro de los cuales tienen acreditada vitola conservadora, el recién nombrado presidente de la Sala Segunda sería en términos políticos de centro derecha, y dos magistradas más son progresistas, una de ellas, Susana Polo será la ponente del caso. A nadie se le escapa que las simpatías entre el fiscal general y el Tribunal Supremo son manifiestamente mejorables, por cuanto García Ortiz ha desafiado en varias ocasiones a la Sala Tercera con su política de nombramientos. Tampoco desde la Sala Segunda se ha puesto en duda la instrucción de magistrado Ángel Hurtado, a pesar de que ha tenido actuaciones inverosímiles. Desde medios conservadores se ha criticado con dureza que el fiscal general no haya presentado su dimisión por respeto a la institución que representa para ahorrarle el desprestigio de ver a una figura tan relevante en el banquillo, mientras que en sentido contrario podría argüirse que la figura del fiscal general hubiera merecido un trato mejor por parte del instructor y que se atendieran las propuestas de su defensa, que sigue manteniendo la inexistencia de pruebas contundentes para verle sentado en el banquillo.

Que el juez que instruye todo el caso de Begoña Gómez tampoco da puntada sin hilo es evidente, y ha maniobrado, con legalidad incuestionable, para que sea un jurado popular quien se encargue de determinar si la mujer de Pedro Sánchez ha cometido o no un delito de malversación, al desgajar esta pieza separada del conjunto de acusaciones relacionadas con la cátedra que mantuvo en la Universidad Complutense, pero que también sabe que en el noventa por ciento de los casos el jurado declara la culpabilidad del acusado. A la Audiencia Provincial de Madrid que en este asunto ha dado alas al juez Peinado será quien decida sobre la oportunidad de su decisión.

Mucho se van a tener que emplear las defensas de ambos acusados y las fiscalías que no aprecian los delitos -y la de David Sánchez-, para convencer a jueces y jurados de la inocencia de sus clientes. Habrá quien vea la sombra del “lawfare” en todos estos casos y quien confíe ciegamente en la independencia de los jueces.