El gobierno pide la hora

Después del mes de junio cuando se produjo la detención y el encarcelamiento del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mientras proseguía la instrucción del proceso que sentará en el banquillo a José Luis Ábalos, llegó el verano y a la vuelta de las vacaciones el Gobierno parecía que sacaba la cabeza del pozo en el que se encontraba, hasta que llegó Puigdemont y mandó parar. El último periodo de sesiones del año entraba en una deriva en la que se hacía aún más patente la falta de mayoría parlamentaria para su acción de gobierno, pero aún quedaban por llegar duros golpes que han dejado al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, sonados.

La controvertida sentencia del Tribunal Supremo condenatoria del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la inacción del PSOE en los casos desvelados de acoso sexual en organizaciones y el seno del partido e incluso en la antesala del despacho de Sánchez en La Moncloa, y los nuevos casos de corrupción descubiertos, que han dado lugar a un jueves negro para el discurso anticorrupción de Sánchez, tienen como consecuencia que el Gobierno llegara al último pleno del Congreso pidiendo la hora, deseando que pase el tiempo de descuento en el que dar las explicaciones necesarias, por su secretaria de Organización y por él mismo en el balance de fin de año, y que se ponga fin a esta etapa para tratar de recomponer su estrategia si quiere alcanzar su fin de llegar al término de la legislatura, una posibilidad que se aleja cada vez que pierde votaciones relevantes, que se instala la idea de que la corrupción en el Gobierno es estructural, que el acoso judicial, con mayor o menor fundamento, -“el que pueda hacer que haga”, aznariano- se hace evidente y que en las elecciones autonómicas que van a celebrarse en el próximo medio año pintan bastos para sus intereses.

Con las investigaciones sobre corrupción política y económica y acoso sexual en marcha por distintos juzgados es difícil que al Gobierno le aproveche el tiempo muerto de la vacaciones navideñas y que el mes de enero sea inhábil a efectos parlamentarios, expuesto como está a continuos sobresaltos.

Después de haber sobrevivido a una pandemia, a las consecuencias de dos fenómenos naturales como la erupción del volcán de La Palma y a la dana de hace un año en Valencia, a las consecuencias de la invasión de Ucrania y a la Guerra de Gaza, al Gobierno se lo va a cargar tanto la inflación y la proliferación de trabajadores pobres, como aventuró el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, como la proliferación de investigaciones de la UCO que desvelan casos de corrupción entrelazados como las cerezas en un cesto, junto a los casos de acoso sexual de sus dirigentes que afectan a uno de sus principales caladeros de votos, las mujeres.

La justificación de que se puede gobernar sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por tercer año consecutivo, con la excusa de la buena marcha de la economía y de la llegada -cada vez más limitada- de los fondos europeos, la confrontación del Ejecutivo con los otros dos poderes del Estado, la falta de unidad del propio Gobierno a la hora de abordar algunos de los principales problemas de los ciudadanos, como la vivienda, transmiten la idea de un Gobierno a la defensiva, sin que sus iniciativa sociales -incremento de la pensiones, subidas del Salario Mínimo Interprofesional...- consigan el eco previsto, ni tampoco lo logren sus críticas a los problema derivados de la gestión de los servicios sociales en la comunidades autónomas gobernadas por el PP, ni la dependencia de este partido de Vox.

Con las investigaciones sobre corrupción política y económica y acoso sexual en marcha por distintos juzgados es difícil que al Gobierno le aproveche el tiempo muerto de la vacaciones navideñas y que el mes de enero sea inhábil a efectos parlamentarios, expuesto como está a continuos sobresaltos.