Un Gobierno bajo sospecha: Ceuta y la ley de nietos

Solo el nerviosismo ante las próximas generales, municipales y las autonómicas que quedan, explica que este Gobierno esté cometiendo errores tan graves como la gestión de la invasión de Ceuta por mayor número de migrantes que de los propios ciudadanos ceutíes y, por otra parte, la llamada Ley de Nietos con algunos aspectos que hacen sonar las alarmas. Han sido tantas las torpezas que al Gobierno de Sánchez le cubre hoy un profundo manto de sospecha.

Empezando por lo que se está viviendo en se vive en Ceuta, con decisiones muy cuestionables respecto a la situación de los migrantes -algunas fuentes aseguran que superan los 20 mil- y la insistencia del Gobierno de defender a ultranza la postura de Marruecos. Esto último da credibilidad a quienes llevan tiempo asegurando que la política de Sánchez respecto a Marruecos está condicionada por la información que maneja Marruecos respecto a presuntas actuaciones delictivas o inmorales del presidente español.

Informaciones conseguidas gracias al programa Pegasus, creado por Israel, que solo se vende a Estados y con el consentimiento de Israel. La rumorología está disparada desde hace años, y se ha agudizado desde que Sánchez accedió a defender la posición de Marruecos respecto al Sahara -sin cumplir siquiera con el requisito de pasar previamente por el Parlamento-, no ha tomado medidas contundentes para parar la inmigración marroquí, ni tampoco para detener algunos avances relacionadas con la seguridad en el Mediterráneo que perjudican a los intereses españoles.

Es significativo que se haga caso omiso a las consideraciones de los militares, policías y guardia civiles de Ceuta

Se acaba de producir una noticia que coloca en una posición aún más incómoda a Sánchez: Marruecos e Israel han elevado su nivel de su representación diplomática, con apertura de embajadas. Tal como está el escenario internacional, con Sánchez enfrentado a Israel y Estados Unidos, que Marruecos e Israel -que por otra parte mantienen relaciones fluidas desde tiempos de Hassan- potencien sus relaciones debe inquietar al presidente español. Más aún con una crisis en Oriente Medio en la que España defiende a capa y espada a los palestinos, una crisis energética que cambia el mapa político magrebí donde Argelia tiene tanto que decir, y un Parlamento Europeo que, con el rechazo de los eurodiputados socialistas españoles ha aprobado una declaración esta semana en la que defiende la soberanía española de Ceuta y exige a Marruecos que asuma esa soberanía.

Hay que insistir en el rechazo de los eurodiputados socialistas, con Iratxe García como portavoz del grupo de socialistas y demócratas europeos, que ha hecho valer su influencia en los otros grupos de izquierda del PE . Se comprenden las dudas sobre la posición de Sánchez respecto a Marruecos, un país que pone trabas al retorno de sus ciudadanos asentados en Ceuta -aunque dice todo lo contrario, que promueve su retorno-, y tiene como Jefe de Estado a Mohamed VI, que sin un gesto de contrariedad permite que en su presencia se mencione a Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas.

Es significativo también que se haga caso omiso a las consideraciones de los militares, policías y guardia civiles que se encuentran en Ceuta. Están faltos de medios para garantizar la seguridad. Ni siquiera pueden responder con contundencia a los migrantes que les atacan con machetes, navajas, y cuando encuentran a mano. Entre los migrantes se encuentran hombres con historial delictivo, que consideran Ceuta una ciudad sin ley, porque los encargados de aplicarla no solo son insuficientes en número sino que deben medir muy bien su respuesta ante los casos de delincuencia por el riesgo de sancionados.

Entre esas consideraciones se pedía cautela por la instalación de un campamento para los migrantes en una zona del puerto de Ceuta especialmente sensible: a Ceuta solo se puede entrar o salir por ferry, que atracan en el puerto, o por helicóptero. Y el puerto es desde tiempos inmemoriales concentración de marroquíes que intentan entrar en los ferries de cualquier manera para llegar a la península. Hay también una zona con depósitos de gas e instalaciones militares. Cuando un sindicato policial recurrió a la Audiencia Nacional alertando sobre el peligro de instalar el campamento en esa zona y la AN suspendió el proyecto, la reacción del Gobierno fue de total discrepancia con los policías y contra los jueces. No tardaron en llegar las descalificaciones del Gobierno hacia los jueces, como ocurre desde hace años. Finalmente la AN dio vía libre al campamento, con instrucciones precisas sobre las medidas de seguridad que se debían adoptar.

La desconfianza de Bruselas

Ceuta es hoy el principal problema de España, con un Sánchez que merecía que alguien le explicara las reglas mínimas de la buena educación. Cuando un periodista le preguntó por el orden púbico en la ciudad le respondió con un “Eso, a Vivas”. En tono despectivo impropio no ya de un gobernante, sino de alguien con una mínima educación.

En el Parlamento Europeo le tienen calado. Por Ceuta y por la ley de nietos. También motivo de sospecha, sobre todo desde que en la Ley de Memoria Democrática se incluyó en 2022 una instrucción para que se acogieran a la nacionalización los descendientes de los españoles que se fueron desde el 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955. Es decir no solo exiliados como decía la ley de Memoria, sino también las decenas de miles de emigrantes españoles que se fueron para sobrevivir económicamente. Sus bisnieto, nietos e hijos suman millones de ciudadanos.

Han pedido ser nacionalizados 2,4 millones de ellos, de los que casi 550 mil ya se han nacionalizado y 300 mil están inscritos, según cifras del gobierno. Esos nuevos nacionalizados podrá votar en las elecciones generales, autonómicas y europeas. En las municipales cuando transcurran cinco años.

La UE ha advertido a España que los nacionalizados con esa ley tan “generosa” y polémica, no tendrán derecho a la libre circulación por territorio UE, y se vigilará los originarios de países latinoamericanos en los que proliferan movimientos terroristas, bandas callejeras y cárteles de narcotráfico. Es decir, la UE también pone bajo la sombra de la sospecha algunas iniciativas del gobierno español sobre nacionalizaciones masivas y difíciles de gestionarlas con un mínimo control. En Irlanda solo pueden votar en las elecciones los ciudadanos que residan en el país. En Dinamarca rige el mismo sistema, aunque se permite votar a quienes residen en el extranjero siempre que no sea durante más de dos años. No son los únicos países occidentales que restringen el voto a sus ciudadanos desplazados. Pero Irlanda y Dinamarca son más similares a España: países plenamente democráticos y miembros de la Unión Europea.