Grandes palabras, pequeñas realidades

Hay algo que sigue sorprendiéndome de la política española: la facilidad con la que los problemas desaparecen cuando se contemplan desde una rueda de prensa. Basta un atril, varias carpetas y una dosis de solemnidad para que una dificultad se convierta en “un desafío”, un fracaso en “un proceso de transformación” y una rectificación en una “prueba de responsabilidad”. Debe de ser estupendo gobernar así. El problema llega cuando uno sale a la calle y se enfrenta a la realidad.

Ahí están los ciudadanos preocupados por la vivienda, la sanidad, la Justicia, la seguridad o, simplemente, por llegar a fin de mes. Mientras ellos afrontan problemas concretos, desde el poder se suceden los anuncios, las promesas y las declaraciones solemnes. Todo parece previsto, todo tiene una explicación y, naturalmente, casi nunca aparece un responsable. Es una habilidad política extraordinaria: lograr que los problemas sean siempre complejos, las soluciones siempre inminentes y las responsabilidades siempre ajenas.

Algo parecido ocurre con las famosas líneas rojas. Se trazan con solemnidad, se defienden con indignación y, cuando cambia la aritmética parlamentaria, desaparecen con una facilidad conmovedora. Entonces descubrimos que aquello que parecía innegociable era, en realidad, susceptible de “evolución”. Si seguimos así, las líneas rojas acabarán durando menos que una oferta de telefonía.

No me escandaliza que un Gobierno cambie de opinión. Puede ser razonable. Lo menos razonable es pretender que los ciudadanos olviden la opinión anterior. En la política contemporánea ya no hace falta negar lo que se dijo ayer: basta con decirlo de otra manera.

Si de verdad creemos en la democracia, las reglas deben valer también cuando sus consecuencias no nos gustan.

Pero hay asuntos con los que no debería jugarse. Las instituciones, no me cansaré de repetirlo, no son propiedad del Gobierno de turno. La Justicia no pertenece a ningún partido. Los organismos del Estado no pueden convertirse en piezas intercambiables según las necesidades de cada mayoría parlamentaria. La independencia institucional no puede ser una virtud cuando beneficia a los nuestros y un problema cuando incomoda a los nuestros. Si de verdad creemos en la democracia, las reglas deben valer también cuando sus consecuencias no nos gustan. Y aquí la ironía empieza a quedarse corta. Un Gobierno puede equivocarse; todos lo hacen. Lo preocupante es convertir cada error en un problema de comunicación y cada crítica en un problema ajeno. Si algo funciona, mérito propio; si funciona mal, culpa de las circunstancias; si protesta la oposición, crispación; si protesta el ciudadano, falta de pedagogía. Siempre hay una explicación. Lo extraordinario es que casi nunca haya responsabilidad.

Tengo cada vez menos paciencia para esa forma de hacer política. Quizá porque con los años uno aprende que las palabras pueden maquillar casi todo, pero no cambiar los hechos. La vivienda sigue teniendo un precio, la Justicia sigue teniendo plazos, los servicios públicos siguen acumulando problemas y las instituciones siguen necesitando independencia. Y el ciudadano conserva una facultad que ningún Gobierno debería subestimar: recordar.

No necesito gobernantes infalibles. Necesito gobernantes responsables: capaces de reconocer un error, rectificar una decisión equivocada y asumir sus consecuencias. Gobernar no consiste en ganar todas las discusiones ni en imponer la versión más cómoda de cada acontecimiento. Consiste en resolver los problemas que justifican que alguien tenga el poder.

Por eso me irritan cada vez más las grandes palabras cuando ocultan pequeñas realidades, las solemnidades cuando sustituyen a las soluciones y las excusas cuando reemplazan a las responsabilidades. Llega un momento en que los discursos se gastan, los eslóganes envejecen y las explicaciones dejan de impresionar. Entonces solo queda lo esencial: lo que se prometió, lo que se hizo y lo que finalmente ocurrió.

Y ahí se acaba la política de plató. Se apagan los focos, desaparecen los portavoces y queda el Gobierno frente a su propia obra. Sin efectos especiales. Sin eufemismos. Sin coartadas. Porque la realidad no debate, no negocia ni necesita eslóganes. Está ahí. Y tiene una virtud que ningún poder ha conseguido domesticar: termina imponiéndose.

Al final, los Gobiernos pasan, los discursos se olvidan y los titulares amarillean. Lo que queda es el país que dejan. Y ahí ya no sirven las palabras. Ahí solo responde la historia.