Eduardo Medrano
Motín de Esquilache
Que, a estas alturas, luego de todo lo que se ha publicado y conocido del comportamiento del rey con tratamiento honorífico, que no emérito, Juan Carlos I,
presente una demanda de conciliación previa a querella, contra el expresidente de Cantabria Miguel Angel Revilla, porque considera su honor mancillado, deja a uno perplejo. ¿Se han dado cuenta del daño de rebote que eso va a causar a la propia Corona? ¿Qué ha dicho Revilla que no hayan dicho otros sobre la conducta de Juan Carlos? ¿Honor ofendido? ¿Han visto las propias declaraciones de su hijo Felipe por las razones porque la que acudió a un notario para dejar constancia de que renunciará en su momento a recibir la herencia de su padre, obtenida de modo nada ejemplar?
Juan Carlos I, ¿es consciente del efecto que su iniciativa va a generar en la propia imagen de la Corona?
Juan Carlos I pide una indemnización de 50.000 euros que dice donará a Cáritas. Lástima no hubiera hecho antes con otras donaciones famosas. Es la primera vez que considera su honor mancillado. Para tomar esta medida no ha consultado a la Casa Real, y ha contratado a un bufete de abogados conocido para que lo represente. ¿Es consciente del efecto que su iniciativa va a generar en la propia imagen de la Corona? En nota de prensa que el bufete dice que estas acciones judiciales son consecuencia de los comentarios calumniosos por parte de Revilla, realizados públicamente ante distintos medios de comunicación, en los que empleó “expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho fundamental al honor, entre los meses de mayo del año 2022 y enero de este año”. Los abogados del residente en Abu Dabi quieren dar a Revilla la posibilidad de que se retracte, pero que suelte 50.000 euros.
No deja de ser una llamativa evidencia que, en más de una ocasión, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha corregido a nuestro propio Tribunal Constitucional, la materia controvertida sobre la que impone una severa rectificación se refiera a la imagen de la Corona y a los daños que pueda causarle, en su caso, el ejercicio de la Libertad de Expresión y otros derechos fundamentales con relación a la Monarquía. La actual protección penal del rey, su familia, antepasados y e incluso príncipes no nacidos, ha sido tachada incluso por historiadores del prestigio como “puro dadaísmo” y en cuanto a sus descendientes, podría interpretarse que se podría incurrir en injurias a la Corona si uno ofende a descendientes no nacidos. En 1995, con mayoría socialista, se reforma el Código Penal y las injurias y calumnias al rey aparecen en los artículos 490 y 491 con una redacción sorprendente, ya que las injurias (graves o leves) y la calumnia a la persona del rey, sus familiares más directos o incluso ascendientes o descendientes son acciones punibles de la misma importancia.
Por cierto, que el propio Marlaska cuando ejercía de magistrado consideraba que el honor personal del rey no podía estar por encima del de cualquier ciudadano ordinario, pues por ser quien era se le exigía una conducta ejemplar. La sucesión de episodios relativos a la vida personal del rey honorífico Juan Carlos I, a la sombra y, en su caso, amparados por su condición de jefe del Estado, y por lo tanto inviolable durante su reinado, y los lances posteriores con amantes diversas (tuteladas en un caso y perseguidas para que callaran en otro, por los servicios de inteligencia del Estado con fondos públicos), recepción de regalos millonarios, tradición en el cobro de comisiones e indicio de que eran del mismo origen otras nuevas, ingresos no declarados a Hacienda, regulaciones previo aviso del riesgo de incurrir en delito fiscal, cuentas opacas en paraísos fiscales y otro tipo de conductas, fueron precipitando una especie de novela río, con numerosos afluentes a lo largo de los años 2020 y 2021. Y luego todas sus historias con amantes, donaciones y episodios diversos todavía recientes han dado lugar a que se hayan escrito miles de páginas críticas sobre los actos de Juan Carlos. Revilla no ha dicho nada que no dijeran otros.
Las evidencias conocidas de la conducta de Juan Carlos determinaron que su hijo Felipe VI tuviera que tomar drásticas decisiones para tratar de alejarse y alejar a la Corona de los efectos de las actividades de su padre y renunciar a la herencia de su padre, y a todo beneficio económico “cuyo origen, características o finalidad pudieran no estar en plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad y privada”. La sorprendida Casa Real vuelve a distanciarse para dejar claro que nada tiene que ver en este asunto de la demanda. Porque Revilla para defenderse no tiene más que tirar de hemeroteca. Y recurrir a la excepctio veritatis, porque la verdad es una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.
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