El candidato prófugo Puigdemont huyó cobardemente de España en el maletero de un coche, sabedor de que había delinquido y le esperaba la cárcel. Otros en su órbita delictiva permanecieron aquí y aguantaron la vela de un juicio público y una condena de cárcel no cumplida al completo porque Sánchez los indultó. Ahora el sanchismo los quiere amnistiar a todos, hasta a los hijos del pujolismo, del 3 por ciento y de la malversación, en una cacicada política, ejecutiva, legislativa y judicial solo al alcance de quien confunde los poderes del estado, porque el Estado y el poder soy yo: Pedro Sánchez Castejón. El candidato prófugo escapó de la igualdad ante la ley a escondidas, con el rabo entre las piernas y el flequillo acojonado y hoy recortado. Y ahora quiere volver bajo palio y pisando la alfombra roja del engaño y la mentira con la que camelar a la opinión pública, al electorado y a los jueces. Pero los magistrados a los que se quiere someter como en una dictadura bajo el argumento de una falsa persecución “lawfare” aplicarán la Ley y darán la batalla legal que Sánchez, Puigdemont y resto de sus socios quieren eludir como una casta privilegiada frente al resto de españoles. En realidad el lawfere o instrumentalización de la Justicia es la que obra la Ley de amnistía aprobada por los amigos del borrado de delitos tan graves como el terrorismo, la malversación corrupta o la alta traición.
El objetivo es intimidar a jueces y fiscales bajo amenaza de sanción y de ser llamados a declarar ante una comisión legislativa parlamentaria para lograr los objetivos independentistas y de paso mantener en la Moncloa a quien se deja chantajear complacientemente. No olvidemos que a Sánchez le interesa una democracia débil, dividida y de republicanismo federal para perpetuarse en el poder, de ahí su obsesión por controlar las instituciones y el CGPJ. Si el mundo-ouija secesionista pretende construir junto al sanchismo el relato falso de que los golpistas separatistas han sido perseguidos por la judicatura, va a ser verdad objetiva que con la Ley de amnistía rechazada por al menos la mitad de los españoles y aprobada por una mayoría parlamentaria ventajista y arbitraria, se pretende en realidad lo mismo que denuncian. Es decir: usurpar el Código Penal mediante una reforma encubierta de la Carta Magna para eludir la ley y acosar a quienes son los encargados de aplicarla en un Estado democrático de derecho.
Por mucho que anuncie su candidatura electoral y amenace con volver, el candidato prófugo sigue siendo un expatriado voluntario, que no exiliado ni desterrado, con cuentas pendientes con la Justicia española. El aburguesado derechista reaccionario Puigdemont pretende imponer en un territorio sometido a los derechos y obligaciones de un Estado democrático la República Independiente de Cataluña. Y lo que es peor, lo hace con el consentimiento ejecutor de un Gobierno de izquierdas que se sirve de comunistas, republicanos y herederos políticos de la organización terrorista ETA para evitar la alternancia que las urnas determinaron con la victoria del PP el 23-J.
La encrucijada de España está sometida a ticts autoritarios que se miran en el espejo de las falsas democracias de Venezuela, Cuba o Rusia. Y existe un peligro real totalitario porque el sistema facilita el posibilismo de un cambio de régimen por la puerta de atrás modificando la Constitución y la Ley mediante artificios legislativos de aparente mayoría que no respetan las reglas del juego más básicas de una democracia verdadera. El CGPJ, los letrados del Senado y el Congreso y la comisión de Venecia dictaminan que para la Ley de amnistía se requiere un cambio de la Carta Magna y mayor consenso parlamentario, algo que no se ha producido, de modo que desautoriza la desinformación del relato oficial con el que se trata de confundir a una sociedad distraída mediante debates ficticios y paguitas de clientelismo cautivo con las que fidelizar el voto y la dependencia de las clases medias.
El candidato prófugo persiste en el desafío separatista ilegal con intención de otro referéndum ilegal y presumiendo de su victoria sobre el estado de derecho mientras el sanchismo inventa un guion de falsedades de concordia y pacificación que no son tales. Sánchez no solo ha blanqueado a los amigos de ETA, sino que ha resucitado al prófugo difunto, dando aire a todos ellos para fortalecer su propia debilidad chantajeada a diario. Esa explotación de la democracia, sin atender a principios éticos ni morales, avanza poco a poco hacia un régimen autocrático. Desde el poder se niega la realidad y se instrumentalizan las instituciones para esparcir la confusión del doble rasero y hacer creer a la opinión pública que la injusticia es lo justo y que hay ciudadanos de primera y de segunda, igual que hay corrupción de distinta intensidad, como sucede con el terrorismo. Esta doble moral con la que se interpreta desde la política un mismo asunto de Estado o un mismo delito es el primer síntoma de concepción totalitaria del poder. Y anuncia, sin remedio, la descomposición del régimen predominante.
Vuelo rasante
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, está volando bajo en el caso de Air Europa, las ayudas del Consejo de ministros en las que no se inhibió su marido presidente, y las conexiones con la trama comisionista Koldo-Ábalos. El vuelo rasante del ventilador emprendido por el sanchismo con el fraude fiscal del novio de Ayuso pretende poner el foco en el PP y no en las supuestas irregularidades de la compra de material sanitario que investiga la justicia europea y española concerniente a varios ministerios y gobiernos autonómicos del PSOE. Air Europa reconoce reuniones secretas con la mujer del presidente justo antes de que la aerolínea fuera rescatada con fondos públicos. El Instituto de Empresa reconoce pagos de Globalia a la cátedra de África y hay 15.000 euros en vuelos de primera clase para Begoña Gómez. Y aunque la Comisión de Conflictos dependiente del Gobierno rechace el recurso del PP, se avecina una vía judicial y parlamentaria de imprevisibles consecuencias para Sánchez.
Si a todo ello sumamos las dificultades para la Ley de Amnistía, resulta evidente que al Gobierno se le multiplican los problemas.
El noviazgo noticioso
El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal, está siendo la respuesta del sanchismo ante la trama socialista de las mascarillas. La presidenta madrileña se defiende denunciando que es objeto de una persecución de los poderes del Estado orquestada por Sánchez mediante el uso del caso de un particular por razones políticas. Y si bien el caso de la pareja de Ayuso es muy distinto al de la esposa de Sánchez con Air Europa, el poderoso aparato político-mediático sanchista ha conseguido equilibrar la disputa poniendo en marcha el ventilador y el relato sincronizado. El Colegio de Abogados de Madrid denuncia a la Fiscalía por infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos por considerar la filtración de “una gravedad sin precedentes”.
La número 2 del PSOE y del Gobierno, María Jesús Montero, lanzó la noticia aludiendo a la publicación del asunto en los medios horas antes de que el caso del novio de Ayuso fuera recogido por periódicos afines. Independientemente de que la pareja de Ayuso deba cumplir con Hacienda, parece obvio que la presidenta de la Comunidad de Madrid vive un noviazgo noticioso de foco mediático estelar.
