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Quedan muy atrás aquellos tiempos en que las manifestaciones del 1 de mayo se contaban por decenas de miles de asistentes. Con la participación de la mayoría de los miembros del Gobierno si en Moncloa mandaba un presidente socialista, y con asistencias masivas en la mayoría de las ciudades españolas. Eran manifestaciones festivas en las que aparecían con toda sus fuerzas las organizaciones sindicales, cuyos dirigentes recibían gritos de respaldo cuando se incorporaban a las marchas.
Mal asunto que los empresarios no apoyen las iniciativas del Gobierno y sindicatos, porque son los que crean el 80 por ciento del empleo, y los que mejor saben si una gran, mediana o pequeña empresa se puede sostener con las medidas que impone el gobierno
Los asistentes de este 1 de mayo se cuantifican por centenas, no por miles, y en la de Madrid, siempre el referente, la emblemática, contaba con los líderes de CC.OO. y UGT -nunca faltan- y la vicepresidenta Yolanda Díaz, presencia obligada por ser ministra de Trabajo. Pocos compañeros del Consejo: Mónica García, titular de Sanidad y miembro de Más Madrid, adscrito a Sumar; Oscar López, ministro y secretario general del PSOE madrileño, y la ministra de Seguridad Social Elma Sáiz. Lo justo para que no se pueda echar en cara al Gobierno el escaso entusiasmo que demostró a la hora de celebrar el día de los trabajadores.
Se iniciaba el día con una noticia demoledora para el Gobierno de Sánchez: Eurostat, el organismo de la Comisión Europea que analiza permanentemente los datos estadísticos de los miembros de la UE, colocaba a España como el país europeo con mayor índice de pobreza infantil. El año pasado era el segundo, pero la mejoría de Rumanía ha colocado a España a ese malhadado número uno de la lista. Entre las causas, la precariedad del empleo en España, con Euroestat incluyendo a las clases medias; los bajos salarios, y la falta de perspectivas para los jóvenes.
Yolanda Díaz pone ahora todas sus esperanzas en que el Gobierno apruebe la semana próxima la reducción de la jornada laboral, pero la clave está en que pueda superar el trámite parlamentario. Lo negoció la ministra con los sindicatos pero sin el apoyo de los empresarios, que ya alertaron sobre las consecuencias del incremento del salario mínimo y las que tendría la reducción de la formada laboral. Mal asunto que los empresarios no apoyen las iniciativas del Gobierno y sindicatos, porque son los que crean el 80 por ciento del empleo, y los que mejor saben si una gran, mediana o pequeña empresa se puede sostener con las medidas que impone el gobierno.
Los ciudadanos que participaron este 1 de mayo en las manifestaciones en toda España exigen la reducción de la jornada laboral, regular el despido e incrementar aún más el salario mínimo. Una reivindicación a la que sin duda se sumarían todos los españoles sin excepción, pero la realidad es cruda: ¿salen las cuentas de aquellos que crean empleo?
Unos tres millones de españoles son funcionarios, la mayoría de ellos tras superar las pruebas que se exigen, o las oposiciones. Es el empleo más seguro. Pero el resto depende de que sobrevivan las empresas que dan trabajo. En el 2024 cerraron 25 mil. Las reivindicaciones laborales, siempre justas, no pueden hacerse sin tener en cuenta las cifras.
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