Ha visto la luz la nueva edición del Índice del Estado Niñera (Nanny State Index), que desde 2016 mide el grado de paternalismo de los Estados europeos en la regulación de los estilos de vida de los ciudadanos. Para ello se fija en las restricciones, regulaciones e impuestos sobre cuatro objetos de consumo considerados “malos” por los gobernantes: las bebidas azucaradas, el alcohol, el tabaco y el cigarrillo electrónico. El índice ha adquirido año tras año un alto prestigio en la Unión Europea y en el Reino Unido. Sus coeditores son el European Policy Information Center (Epicenter) de Bruselas y el Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres. En cada país europeo, un think tank local se ocupa de aportar la información y de difundir las conclusiones. En España, la Fundación para el Avance de la Libertad ya está dando a conocer las tendencias detectadas a nivel europeo y la calificación de nuestro país.
La principal conclusión es lamentable: los gobiernos siguen ampliando el alcance y el volumen de las restricciones a la elección individual, en una carrera que, de no invertirse radicalmente, sólo puede desembocar en una sociedad europea aún más infantilizada por el insidioso paternalismo estatal. Sólo hay algunos ejemplos de reversión de las políticas del Estado niñera, como la derogación en Noruega del impuesto sobre bebidas azucaradas, pero la tendencia general es hacia unos niveles insoportables de intervencionismo y exacción fiscal por cometer estos “pecados”. Así, por ejemplo, el número de países europeos que imponen tributos especiales a las bebidas azucaradas ha pasado de cinco a doce, siendo Hungría el Estado más represivo. En cuanto al alcohol, Irlanda y el Reino Unido han introducido nuevas trabas a su compra, y Lituania ha aumentado la edad legal de adquisición. Por otro lado, quince países europeos han subido sus impuestos a los líquidos de vapeo, y dos (Noruega y Turquía) han prohibido que contengan nicotina.
Es importante contrastar esta tendencia a la hiperregulación con los resultados reales y verificables en materia de salud pública. El informe no encuentra correlación entre una normativa más estricta sobre el consumo de alcohol, comida, tabaco o vaporizadores y la esperanza de vida de los respectivos países. “En lugar de microrregular el comportamiento de los consumidores, los responsables políticos deberían centrarse en el crecimiento económico y en la prosperidad de las sociedades, factores que sin duda tendrán un mayor efecto en la mejora de la salud de sus ciudadanos”, recoge el informe en sus conclusiones.
Alemania ha vuelto a ocupar el primer puesto como país con menor paternalismo estatal de Europa, ya que es, dentro de lo malo, el que menor número de normas restrictivas presenta. Chequia e Italia ocupan, respectivamente, el segundo y tercer puesto en cuanto a actitudes liberales y permisivas hacia el estilo de vida libremente escogido por sus ciudadanos. Por el contrario Turquía, país recién incorporado al Índice en esta edición, contrasta por ser actualmente el país menos libre de Europa en lo que se refiere a prohibir, gravar y regular el consumo de estos productos. La famosa expresión “fumar como un turco” debe de estar cambiando a “pagar como un turco”, habida cuenta de la tributación confiscatoria que se exige en ese país por el “vicio” del tabaco. Noruega y Lituania no se alejan mucho de la situación turca y ocupan el segundo y tercer peor puesto en el Índice de este año. ¿Y qué hay de España? Pues curiosamente somos el cuarto país mejor posicionado en el índice, empatados con Luxemburgo. Pero no echemos las campanas al vuelo. El otro día me comentaba Christopher Snowdon, director de este Nanny State Index y Jefe del área de Regulación de Estilos de Vida en el Institute of Economic Affairs londinense, que aunque España es uno de los países más libres del ranking, no debemos caer en la autocomplacencia ya que esa buena posición relativa simplemente indica que no hemos sido tan rápidos como los demás en adoptar todo tipo de normas y tributos “anti-vicio”. Los defensores del “Estado niñera” siempre están presionando para que se impongan nuevas restricciones a las libertades sociales, y España todavía tiene mucho recorrido por esa pendiente, por desgracia. Nuestros impuestos sobre el alcohol no están tan mal en comparación con la UE, quizá porque somos productores y pesa el lobby de la industria alcoholera, pero incluso así, nuestras restricciones a la publicidad del alcohol son absurdas y excesivas. El apartado en el que estamos mejor es el de bebidas azucaradas, ya que sólo hay una comunidad autónoma, Cataluña, donde existe un tributo adicional específico. Estos impuestos, llamados “pigouvianos”, son un inmenso error. Los impuestos deben servir al fin único de dotar al Estado con los recursos estrictamente necesarios para costear su gestión, que debe ser austera y no injerencista. En cambio, usar los impuestos para inducir o frenar comportamientos o consumos es tratarnos como marionetas usurpando nuestro derecho fundamental e inalienable a la libertad personal.
