La “Justicia a la carta”, ataque a la democracia

Hay una escena que empieza a repetirse con demasiada frecuencia: un juez dicta una resolución que incomoda al Gobierno y, casi inmediatamente, se pone en marcha la maquinaria política para explicar que el problema no está en la decisión, sino en quien la ha dictado. El juez deja de ser juez y se convierte, por arte de magia, en un actor político. Y si además se atreve a investigar a alguien próximo al poder, entonces ya tenemos el guion completo.

Siempre he pensado que una democracia se reconoce, sobre todo, por la forma en que el poder acepta aquello que no le gusta. Ganar elecciones es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es aceptar que existen instituciones que no obedecen al Gobierno, que no dependen de él y que pueden decirle que no. Eso es precisamente la separación de poderes.

Pero parece que algunos han descubierto una fórmula mucho más cómoda: los jueces son independientes mientras sus decisiones coincidan con el relato del Gobierno. Cuando dejan de coincidir, comienza la sospecha. Entonces aparecen las acusaciones de politización, corporativismo, “lawfare” o cualquier otra etiqueta que permita trasladar al ciudadano la impresión de que detrás de una resolución judicial hay una conspiración.

El ministro de Justicia ha llegado a acusar al Poder Judicial de “corporativismo” por no sancionar al juez Peinado. La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, tuvo que recordar en la apertura del año judicial que no es admisible convertir la descalificación pública de los jueces en un instrumento de presión sobre quienes ejercen la jurisdicción. Que haya tenido que decirlo una presidenta del Supremo debería hacernos reflexionar.

Porque criticar una sentencia es perfectamente legítimo. Criticar una investigación también. Recurrir una resolución, combatirla jurídicamente y discrepar de ella forma parte del funcionamiento normal de un Estado de derecho. Lo que resulta mucho más preocupante es intentar desacreditar al juez cuando la Justicia deja de resultar políticamente conveniente.

El problema empieza cuando el poder político considera legítima la crítica al juez solamente cuando el juez se equivoca contra el adversario

Y aquí aparece una paradoja extraordinaria: quienes proclaman todos los días la necesidad de defender la democracia parecen olvidar que una democracia sin jueces independientes es simplemente una democracia mutilada. El juez no tiene que gustarle al Gobierno. Ni al Parlamento. Ni a los medios. Ni siquiera a mí. Tiene, simplemente, que aplicar la ley. Esa es su obligación. Y precisamente por eso puede resultar incómodo.

Un Gobierno puede aprobar leyes, dictar políticas y obtener mayorías parlamentarias. Lo que no puede pretender es que esas mayorías, ante cualquier dislate, se conviertan en una patente de corso frente a los tribunales.

El problema empieza cuando el poder político considera legítima la crítica al juez solamente cuando el juez se equivoca contra el adversario. Cuando se cuestiona su imparcialidad porque investiga al amigo y se celebra su independencia cuando investiga al enemigo. Cuando la toga merece respeto si dicta lo que conviene y sospecha si dicta lo contrario. Eso no es defender la Justicia. Es querer una Justicia a la carta.

Y hay algo todavía más grave: desacreditar sistemáticamente a los jueces termina desacreditando a la propia Justicia ante los ciudadanos. Si conseguimos convencer a la sociedad de que cada procedimiento judicial responde a intereses políticos, el día que alguien necesite protección frente al poder ya no sabrá dónde buscarla. Después vendrán las lamentaciones.

Llevo muchos años viendo de cerca cómo funciona la Justicia y sé que los jueces pueden equivocarse. Naturalmente. También los fiscales, los abogados, los políticos y los periodistas. Pero la respuesta a un error judicial no puede ser la intimidación, ni el señalamiento, ni la deslegitimación pública del juez. Se combate con Derecho. Para eso están los recursos y las instancias superiores. Porque un Gobierno verdaderamente fuerte no necesita jueces amigos. Necesita instituciones independientes, incluso cuando le llevan la contraria.

Y un Gobierno verdaderamente democrático no debería preguntarse quién es el juez que tiene enfrente. Debería preguntarse qué dice la ley. Porque cuando un Gobierno empieza a mirar al juez como si fuera el enemigo, el problema ya no es el juez... el problema es el Gobierno.