En el limbo de los justos

Dijimos adiós al funesto verano, uno de los más secos de los últimos años. La tragedia humana y ambiental de los incendios forestales deja en la provincia de Ourense 100.000 hectáreas arrasadas por la peor ola de fuegos del siglo en Galicia. Y ya estrenamos el otoño, cuyo pronóstico es más seco y caluroso de lo normal, con las lluvias torrenciales e incontrolables en la costa mediterránea. Vemos cómo cada año se acentúan los violentos episodios naturales derivados del cambio climático. Sin embargo, la buena noticia de agosto fue la sentencia favorable para las energías renovables que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Han pasado dos meses y el sector eólico sigue expectante, a la espera de que se desenrede la maraña judicial en la que nos hemos visto envueltos. Más de noventa parques, que supondrían unos 2.500 MW de nueva potencia, correctamente tramitados, siguen en el limbo, así como miles de empleos e inversiones multimillonarias.

El consumo eléctrico ha descendido un 32% en los últimos cinco años, mientras crece en el resto de España.

Resultan insoportables las nefastas consecuencias que venimos sufriendo en la cancelación de inversiones por parte de las empresas promotoras (que venden o traspasan esos activos) o directamente abandonan y dirigen su mirada fuera de Galicia. El goteo es continuo. Acabamos de conocer cómo los empresarios de Ferrolterra, que llegaron a acumular el 20% de la fabricación de componentes de las torres eólicas, se han visto obligados a explorar el mercado en Marruecos, país emergente en cuanto a energías renovables. Es el mundo al revés. Porque al conflicto legal donde la práctica totalidad de los proyectos se han judicializado, hay que añadir las diferencias o discrepancias entre Administraciones Públicas, hasta el punto de judicializarse igualmente. Y, entre tanto, el sector y la sociedad somos los abiertamente perjudicados. Porque seguimos moviéndonos en una incertidumbre e inseguridad jurídicas exasperantes. A la fuga de inversiones debemos añadir el negacionismo permanente de unos pocos que, a la postre, acaban saliéndose con la suya. Los poderes públicos están obligados a transponer cuanto antes la directiva de la UE, ya de 2023, referida a que la energía renovable es un bien de interés público superior. No es una cuestión baladí, es trascendental, no solo para las renovables, sino para los fines últimos que se persiguen con la descarbonización y electrificación de la industria, que no son otros que la reducción de las emisiones de gases tóxicos de efecto invernadero y, en último término, la protección de la salud humana y del planeta.

Galicia, que fue pionera y líder hace treinta años en el desarrollo eólico, ha perdido el tren en esta década. El consumo eléctrico ha descendido un 32% en los últimos cinco años, mientras crece en el resto de España. Es un dato tan relevante como catastrófico, porque la electricidad es la única energía que permite la integración a gran escala de las fuentes renovables. No somos conscientes de que caminamos hacia atrás, de que estamos provocando una involución artificial. Porque el puro sentido común dice que aprovechemos nuestros recursos naturales. Y el viento gallego es una de nuestras riquezas estratégicas. Produce energía limpia y barata. Esta situación de bloqueo a nuestros activos abundantes y sostenibles terminará por estallarnos en la cara. Y, entonces, los gallegos quedaremos desfigurados.