Maduro opta por la inconstitucionalidad

Nicolás Maduro no se resigna a la derrota, no acepta el resultado electoral, en el que la oposición, la Mesa por la Unidad de la Democracia, alcanzó dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.

El presidente venezolano está utilizando toda clase de artimañas para impedir que la MUD pueda ejercer su labor legislativa y aprobar iniciativas que coloquen en una situación imposible al actual gobierno, y desde hace dos semanas ha tomado decisiones que demuestran que el sucesor de Chavez va mucho más lejos que su antecesor, que al menos aceptó el resultado de un referéndum que le impedía reformar la Constitución tal como pretendía. Maduro sin embargo ha tomado decisiones que no respetan la legalidad y, desde luego, van contra la ética política. Entre ellas, elegir a trece nuevos magistrados del Tribunal Supremo que actuarán exactamente como les ordene el presidente, o designar Defensora del Pueblo a la juez que envió a prisión al líder opositor Leopoldo López.

No se ha conformado Maduro con esas dos iniciativas, sino que ha acusado a la oposición de utilizar a su favor millón y medio de votos nulos y, en una demostración clara de que va a por todas, ha creado un parlamento paralelo, al que llama Parlamento Comunal y que es absolutamente ilegal porque se trata de una institución que no se recoge en la Constitución. Lo que no importa a Maduro, que pretende que ese Parlamento Comunal, presidido por su brazo derecho Diosdado Cabello, pueda aprobar leyes y marcar la vida de Venezuela. Leyes que pondrán límite al trabajo de la nueva Asamblea Nacional, que se constituye el 5 de enero.

Sabe Maduro que para la MUD es prioritario aplicar la Ley de Inhabilitación al actual ejecutivo -con la excepción de Maduro, la Constitución no lo permite- e inhabilitar también a varios de los dirigentes de las instituciones del Estado.

Maduro sabe muy bien el poder de la Asamblea, es la razón de que se haya sacado de la manga una institución que no existe, el Parlamento Comunal. En caso de conflicto entre instituciones, es el Tribunal Supremo el que decide. Un TS hoy en manos de Maduro tras la designación de los trece nuevos magistrados.

Y aún presume el presidente chavista de respeto a la ley y a las normas básicas de la democracia…