Malos tiempos para Ayuso

El pasado siempre vuelve. Cinco años después de que la pandemia fuera dada por superada, en la que murieron en Madrid 7.291 personas mayores en las residencias tras los ‘protocolos de la vergüenza’ que impidió que fueran trasladadas a los centros sanitarios, el asunto ha quedado judicializado. Resulta difícil explicar el motivo por el cuál esto no ha sucedido antes. Dos juzgados estudiarán lo que pasó

Los ataques a la fiscalía y jueces que ha desencadenado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus portavoces contra esas decisiones apuntan a lo que se conoce como lawfare. Resulta curioso que la lideresa madrileña utilice sin rubor los mismos argumentos que utiliza el Gobierno para demostrar que está siendo víctima de una campaña de acoso desde algunas instancias judiciales. Pero el caso de las víctimas fallecidas en las residencias es tan grave y tan inhumano que necesita ya no una explicación política – a “esas mierdas” que le saca la oposición se refirió Ayuso en la Asamblea autonómica- sino una verdad judicial que realice un relato de lo que realmente ocurrió. Por el momento son cargos técnicos, los redactores de los protocolos de la vergüenza, y otros cargos menores los investigados. Todo esto lo denunció ya el ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió por este asunto.

El pacto firmado por González Amador con la fiscalía para evitar la entrada en la cárcel está al fondo de esta decisión. Pero es que también se encuentra en marcha una segunda instrucción contra él por corrupción en los negocios, entre otros delitos

Al “ciudadano particular”, que contó con una defensa política por parte de la presidenta madrileña y de su entorno, Alberto González Amador, comisionista a cuenta de la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia -el mismo trabajo que realizó su hermano- y defraudador confeso según una sentencia del Tribunal Supremo por haber tratado de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros, una jueza está a punto de sentarlo en el banquillo tras concluir el sumario. El pacto firmado por González Amador con la fiscalía para evitar la entrada en la cárcel está al fondo de esta decisión. Pero es que también se encuentra en marcha una segunda instrucción contra él por corrupción en los negocios, entre otros delitos. Dos sentencias condenatorias comportarían el cumplimiento de las penas de prisión impuestas.

La denominación de defraudador confeso, contra la que se rebeló la pareja de Ayuso, validada por el Supremo, no es menos relevante por cuanto había interpuesto una veintena de querellas contra quienes habían utilizado esa expresión para señalarle, desde Pedro Sánchez, a María Jesús Montero y otros políticos y periodistas. De haberle dado la razón y no enmarcar esa expresión en el ejercicio de la libertad de expresión sobre una persona con notoriedad pública habría recogido el dinero suficiente para pagar la multa a Hacienda que tendrá que satisfacer.

Y un tropiezo más para uno de los proyectos estrella de Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la construcción del circuito en el que se celebrará el año próximo el Gran Premio de España de F-1, en la zona de la Feria de Madrid, la última iniciativa para convertir a Madrid en “una ciudad espectáculo”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido admitir a trámite el recurso presentado por la Plataforma Ecologista Madrileña, por la afección a la movilidad la contaminación acústica, la eliminación de más de 700 árboles y la destrucción de humedales que comporta la construcción del circuito urbano.