El momento de dimitir

Hace tan sólo unos diez años, en España, la simple imputación de un político, o cargo público, era la razón suficiente y necesaria para dimitir. Ahora, ni condenados dimiten, se acusa a los jueces de prevaricación. En aquella época, la presión política, social y mediática sobre quien estaba en esta situación era brutal, machacona y contundente. La simple mención en una investigación, en un documento judicial, suponía casi una condena inapelable. No tenía más salida que dimitir del cargo o dejar el escaño, no importaba que fuera a ser juzgado o no. La simple imputación defenestraba a cualquiera.

Una situación insoportable políticamente. Había acusaciones muy ciertas, muy justificadas, y condenas justas, sobre todo en el ambiente del PP de entonces, pero también se formaba una estela enorme de perjudicados injustamente. Por eso, el Gobierno de Rajoy promovió la modificación de legislación penal sobre esto conceptos. Se sustituyó el término de imputado por el de investigado.

Consideraban que debían eliminarse algunas expresiones usadas de modo habitual e impreciso en la ley; los expertos creían que se usaban sin rigor conceptual, especialmente la de imputado. Querían así evitar las connotaciones estigmatizadoras, ciñéndose a un uso más riguroso de las expresiones necesarias a cada una de las fases procesales, tales como investigado y encausado. Se aclara que el investigado es la persona que está sometida a investigación porque tiene alguna relación con el delito. Pero el encausado es aquel a quien se imputa formalmente después de la investigación.

El fiscal general está a punto de ser juzgado, pero no dimite por “responsabilidad”. Y el responsable de todo, Sánchez, no ve ninguna razón cabal para dimitir. Son otros lo que se han portado mal. “Yo soy un presidente honesto”.

El paso siguiente en esta evolución fue afirmar que sólo debía dimitir un cargo público cuando se abría juicio oral contra él. A partir del momento en que los indicios mostraban que la persona podría haber cometido el delito y debía dilucidarse con un proceso y un tribunal. Antes no.

La sensibilidad exquisita de los primeros momentos se acabó convirtiendo en un caparazón infranqueable. En la fase actual del Gobierno “progresista” creen que no deben tomar las cosas tan a rajatabla ni con tanto rigor judicial; afirman que se progresa más saliéndose de las normas establecidas. Nada de dimitir en ninguna fase de investigación ni de encausamiento, ni en apertura de juicio oral; nada de dejar el cargo, por muchas chapuzas administrativas que se cometan. Nada de reconocer conductas delictivas en fase de encausamiento, como sucede con el hermano y la mujer del presidente. La culpa es de los jueces politizados y prevaricadores, según las insistentes declaraciones de los miembros del Gobierno. Los dirigentes socialistas que fundamentaron la presidencia del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez están en la cárcel o a punto de entrar, pero él no se siente implicado ni concernido por en tales fechorías, ni por contacto. El fiscal general está a punto de ser juzgado, pero no dimite por “responsabilidad”. Y el responsable de todo, Sánchez, no ve ninguna razón cabal para dimitir. Son otros lo que se han portado mal. “Yo soy un presidente honesto”.

Pero la evolución va a más. Si no han podido evitar el juicio y la condena de sus amigos, el Ejecutivo prepara un indulto o una amnistía con el mayor desparpajo del mundo. Como los EREs e Andalucía o los promotores del proceso separatista de Cataluña. Incluso acaban de indultar a unos ultras que atacaron un mitin de Vox e hirieron a varios policías. Para el Gobierno fue un acto de heroicidad ultraizquierdista.