No es una cuestión menor

Confieso que siento indignación y también vergüenza. Como padre, como marido y como fiscal que ha dedicado más de 30 de sus 45 años de vida profesional a la defensa de las víctimas de violencia de género, me resulta incomprensible entender la negativa de determinados sectores políticos -que se autodefinen como progresistas- a siquiera debatir con rigor la prohibición del burka y del niqab en espacios públicos en España. No estamos ante una cuestión menor. No hablamos de una prenda más ni de una simple manifestación cultural.

El burka cubre completamente el cuerpo y el rostro de la mujer, incluida la mirada, ocultando por entero su identidad en el espacio público. El niqab, por su parte, deja únicamente visibles los ojos, pero también cubre el resto del rostro, impidiendo la identificación plena de la persona.En ambos casos, el rostro -que es el elemento esencial de reconocimiento entre ciudadanos en una sociedad abierta- desaparece.

No es un detalle estético. Tiene profundas implicaciones simbólicas, sociales y también prácticas. La ocultación integral o casi integral del rostro en el espacio público no es neutral. En muchos contextos, estas prendas no son solo un símbolo religioso: son la expresión visible de un modelo social donde la mujer ocupa una posición subordinada. España es una democracia consolidada. Nuestra Constitución protege la libertad religiosa y la libertad ideológica como derechos fundamentales. Son pilares del Estado de Derecho. Pero ningún derecho es absoluto. Ninguno.

La libertad religiosa no puede convertirse en un escudo para legitimar prácticas que entren en conflicto con principios esenciales como la igualdad entre hombres y mujeres o la seguridad en el espacio público. El Estado limita conductas cuando afectan a la dignidad o a los derechos de terceros. También puede -y en ocasiones debe- hacerlo cuando colisionan derechos fundamentales. El debate, por tanto, no es “libertad sí” o “libertad no”. El debate es qué entendemos por libertad y a quién protege realmente.

Tras décadas de experiencia en la lucha contra la violencia de género, uno aprende que la desigualdad rara vez se presenta de forma explícita. Se disfraza de tradición. De costumbre. Incluso de elección personal. Pero ¿puede hablarse de elección plenamente libre cuando existen presiones familiares, comunitarias o culturales? ¿Es suficiente invocar la autonomía individual sin analizar el contexto en que esa autonomía se ejerce?

Aceptar sin matices cualquier práctica bajo el argumento de la libertad religiosa puede convertirse, paradójicamente, en una forma de abandono. Porque muchas mujeres necesitan que el Estado garantice su igualdad frente a entornos que pueden condicionarlas. Resulta difícil entender que quienes han impulsado con firmeza políticas de igualdad, quienes han combatido estereotipos de género y denunciado la cosificación de la mujer, se muestren reacios a cuestionar símbolos que, en determinados contextos, representan una concepción profundamente desigual de la mujer.

No se trata de estigmatizar a ninguna comunidad religiosa. No se trata de alimentar discursos xenófobos. Se trata de coherencia. De defender los derechos humanos sin excepciones culturales cuando está en juego la igualdad. La tolerancia no puede convertirse en indiferencia ante posibles situaciones de discriminación.

Otros países europeos han afrontado este debate intentando equilibrar libertad religiosa, seguridad e igualdad. España también tiene derecho —y deber— de reflexionar con serenidad y firmeza sobre el modelo de convivencia que quiere consolidar. Prohibir el burka y el niqab en espacios públicos no sería un ataque a la religión. Sería afirmar que en el espacio común rigen reglas compartidas: identificación, seguridad y visibilidad entre ciudadanos iguales.

El verdadero progresismo no consiste en aceptar sin debate cualquier práctica en nombre del multiculturalismo. Consiste en defender, sin complejos y sin excepciones, la dignidad y la igualdad de todas las mujeres.