¿Qué pasa con la nuclear de Almaraz?

Hay decisiones políticas que envejecen muy mal. La política energética española, en general, y el calendario de cierre de las centrales nucleares, en particular, son dos buenos ejemplos. Lo que hace apenas unos años se vendió como un acuerdo ejemplar con las compañías eléctricas esconde demasiados claroscuros y hoy aparece como un artefacto político incapaz de resistir el contraste con la realidad.

Para comprender la realidad del asunto, permítanme narrarles la secuencia de los hechos, porque la memoria suele ser el primer daño colateral del populismo político. En junio de 2018 llegó al poder un Gobierno que llevaba el cierre de las centrales nucleares en su programa electoral. Menos de un año después, en marzo de 2019, la empresa pública Enresa (encargada, entre otras cosas, del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de sus residuos radiactivos) firmaba con las empresas propietarias de las centrales un “acuerdo” que fijaba un calendario de clausura del parque nuclear español. Y entrecomillo lo de acuerdo, porque se nos presentó como un gran consenso lo que no fue más que una burda coacción orquestada desde el ministerio de una de las personas más siniestras y sectarias de aquel Gobierno, Teresa Ribera.

Como comprenderán, cuesta llamar acuerdo a una negociación en la que una de las partes ya había decidido previamente el resultado. Cuando el Gobierno anuncia que quiere cerrar las centrales y, acto seguido, se firma un calendario para cerrarlas, la palabra “acuerdo” pierde todo su significado. Las empresas aceptaron aquel escenario porque era una patada hacia adelante que permitía ganar tiempo. Pero en ese acuerdo no se fijaron únicamente unas fechas de cierre, se fijó también el importe de la tasa Enresa. Se trata de la cantidad de dinero que las centrales nucleares aportan a un fondo común para costear el desmantelamiento de las plantas y la gestión de sus propios residuos. El Gobierno se comprometió a no subir más el importe de dicha tasa.

¿Qué sucedió? Para sorpresa de nadie, el Gobierno subió unilateralmente esa tasa, sin ningún tipo de negociación, incumpliendo claramente el acuerdo firmado. Y no se crean que la tasa subió en una cantidad asumible. Subió un 30% de un día para otro. Pocas veces se ha visto un ejemplo tan claro de incumplimiento del espíritu de un acuerdo, resultando muy hipócrita exigir a la otra parte que permanezca vinculada indefinidamente a lo pactado.

Cuando el Gobierno anuncia que quiere cerrar las centrales y, acto seguido, se firma un calendario para cerrarlas, la palabra “acuerdo” pierde todo su significado

Mientras tanto, durante años se fue construyendo un relato muy conveniente. A pesar de las innumerables declaraciones de las empresas eléctricas expresando su voluntad de continuar con la operación de las centrales nucleares, desde el Gobierno se repetía el mantra de que eran las propias compañías eléctricas quienes querían cerrar las centrales nucleares porque así lo habían “acordado”. Era una afirmación útil desde el punto de vista político. Permitía presentar el calendario de cierre como una consecuencia inevitable de decisiones empresariales y no como una apuesta ideológica del ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ese relato se vino abajo en el momento en que los propietarios de Almaraz solicitaron formalmente prolongar la vida de la central, lo que sucedió en octubre de 2025. De repente, aquellos empresarios que supuestamente deseaban apagar sus reactores pedían seguir explotándolos durante varios años más. La realidad tiene siempre la incómoda costumbre de no ajustarse al discurso oficial. La nueva ministra Aagesen en fuera de juego.

Y entonces apareció otro actor inesperado: Bruselas. La Comisión Europea ha venido insistiendo en la necesidad de preservar la capacidad nuclear, especialmente en un contexto de creciente electrificación, aumento de la demanda y necesidad de reforzar la autonomía energética europea. La experiencia de los últimos años y el apagón de 2025 también invalidan los argumentos esgrimidos por el Gobierno.

El asunto de Almaraz ya no admite más demagogia institucional. El Consejo de Seguridad Nuclear ya ha hablado. Su informe preceptivo concluye que Almaraz reúne las condiciones necesarias para continuar operando de forma segura. A partir de ese momento desaparece cualquier discusión técnica. Lo único que permanece es una decisión política. El ministerio nuevamente en fuera de juego. El cerco se estrecha. Nunca hubo argumentos racionales para el cierre, pero ahora ya es evidente para todo el mundo que siempre se trató de una instrumentalización demagógica.

Quizá esa sea la verdadera cuestión. Durante años se intentó presentar el cierre de las centrales nucleares como una consecuencia inevitable de la economía, de la seguridad o de la voluntad de sus propietarios. Hoy sabemos que ninguna de esas tres explicaciones se sostiene. Las empresas quieren seguir operando, el regulador certifica que puede hacerse con seguridad y Europa recomienda mantener la generación nuclear. Lo único que queda sobre la mesa es el sectarismo de sostener banderas anacrónicas contra los intereses de todos los españoles. Quedan dos meses para saber si el Gobierno de España aterriza en la realidad o nos va a condenar a que la realidad nos pase por encima.