La política de vivienda en España debe de ser la de Galicia

España necesita una reconstrucción nacional. También en materia de vivienda. Porque cuando una política fracasa durante años, insistir en ella no es perseverancia: es irresponsabilidad. La de Pedro Sánchez y su ministra de Vivienda. Ellos han convertido la vivienda en uno de los principales problemas de los españoles y españolas. Los jóvenes retrasan su emancipación, la clase media dedica una parte creciente de su salario al alquiler o a la hipoteca y cientos de miles de familias contemplan con frustración cómo acceder a una vivienda digna se aleja cada vez más de sus posibilidades. Ese es el resultado de decisiones políticas equivocadas.

La política estatal ha convertido la vivienda en un campo de batalla ideológico. Se ha legislado contra el mercado en lugar de hacerlo para que funcione mejor. Se han impuesto límites, restricciones e inseguridad jurídica que han provocado el efecto contrario al prometido: menos oferta, precios más altos y un mercado cada vez menos accesible.

Mientras el Gobierno de España sigue anunciando planes que apenas llegan al ciudadano, Galicia ejecuta medidas concretas que amplían el parque residencial y ofrecen oportunidades reales. No promete milagros; construye soluciones.

Mientras tanto, en Galicia hemos demostrado que existe otro camino. La Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda al frente, ha apostado por aumentar la oferta de suelo urbanizable. Ha impulsado vivienda protegida, movilizado vivienda vacía mediante incentivos, promovido suelo residencial, apoyado a los jóvenes con ayudas para comprar o alquilar y generado un clima de seguridad jurídica que anima a propietarios y promotores a invertir. En definitiva, ha entendido una verdad elemental: cuando aumenta la oferta, los precios tienden a corregirse. Frente al intervencionismo, gestión. Frente a los eslóganes, resultados. Frente a la confrontación ideológica, políticas útiles.

La diferencia entre ambos modelos es evidente. Mientras el Gobierno de España sigue anunciando planes que apenas llegan al ciudadano, Galicia ejecuta medidas concretas que amplían el parque residencial y ofrecen oportunidades reales. No promete milagros; construye soluciones.

La vivienda no puede seguir siendo utilizada como un instrumento de propaganda política. Es un derecho constitucional cuya garantía exige planificación, colaboración entre administraciones y confianza en quienes generan vivienda. Demonizar a propietarios, promotores o constructores solo consigue paralizar inversiones y agravar el problema. España necesita recuperar una política de vivienda basada en el sentido común. Una política que favorezca la construcción, agilice las licencias, movilice vivienda vacía mediante incentivos, facilite el acceso al suelo y dé estabilidad normativa para atraer inversión. Exactamente la dirección que Galicia lleva recorriendo en esta XII Legislatura.

No se trata de copiar unas siglas. Se trata de copiar aquello que funciona. Cuando un modelo ofrece resultados y otro acumula fracasos, la obligación de cualquier gobernante es aprender del primero y abandonar el segundo.

La reconstrucción de España pasa por muchas reformas. Pero una de las más urgentes consiste en devolver la esperanza a quienes hoy creen imposible acceder a una vivienda. Y para lograrlo no hace falta inventar nada. Basta con mirar hacia Galicia. Porque cuando una comunidad demuestra que es posible hacer las cosas mejor, lo inteligente no es discutirla; lo inteligente es convertir su modelo en la referencia para toda España. Galicia es el modelo a seguir, sin ninguna duda.