Pregúntele a Vivas

Es una de las respuestas más desairadas, inhumanas y prepotentes del presidente del Gobierno. Se trataba de saber cuántos menores estaban registrados entre la avalancha de emigrantes en Ceuta, cuantos estaban siendo atendidos, cuantos debían volver a su país. Sánchez, que no tiene idea de cuántos, ni sus ministros lo saben, se lanzó contra el alcalde presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para hacerle responsable de esa obligación. “Eso a Vivas, pregúntele”.

El jefe del Ejecutivo sabe que el registro de todas las personas que están en su territorio es una de las funciones importantes del Estado. No puede delegarse en un ayuntamiento, por mucha categoría de ciudad autónoma que tenga. No se trata aquí de analizar la situación jurídica al detalle, porque está bastante clara. Lo que es realmente llamativo es la actitud del presidente de un país ante una emergencia social que afecta a una ciudad de 80.000 habitantes -similar a la canaria Arona, la valenciana Gandía, la andaluza Vélez-Malaga, o la alicantina Orihuela-, sin mando ni competencia sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solo cuentan con la Policía Local o municipal.

La respuesta del presidente muestra la nula empatía con los emigrantes más vulnerables, los menores de edad no acompañados, de los que no hay constancia de cómo pudieron participar en la invasión de los mayores. Podrían ser menores sin padres, provenientes de un orfanato; podrían ser hijos de algunos que murieron en el mar, tratando de llegar a Ceuta; podrían haber entrado en volandas durante la invasión… En todo caso, son seres humanos vulnerables que, si no son devueltos a sus padres de forma inmediata, necesitan tener protección ya, desde el primer momento. No se pueden esperar meses para ver qué hacemos, sin embargo, en el momento de la respuesta de Pedro Sánchez, llevaban 45 días en la calle o en refugios improvisados, porque la ciudad no tiene medios ni personal para una atención adecuada.

Además de todo ello, el Gobierno designó, por decreto, un mando único, denominado autoridad funcional, para coordinar todas las acciones necesarias en la crisis social de Ceuta. Por lo tanto, esta autoridad funcional es la que debe conocer los distintos ámbitos administrativos, aunque no ejerce el mando sobre ellos. Por lo tanto, el “eso pregúnteselo a Vivas” no tiene sentido. Es una muestra de que Pedro Sánchez desconoce cómo se está llevando a cabo la coordinación por parte de la esa autoridad funcional, o, lo más probable, quiere quitarse la responsabilidad de encima. Si hay niños en la calle, que los recoja Vivas; si no tienen comida, que se la de Vivas; si no tiene capacidad en sus lugares de acogida, que Vivas organice el traslado a la Península; si hay que escolarizarlos, que le busque plaza escolar Vivas; si hay que cuidar de su salud, que se encargue Vivas de la Sanidad.

Pues, aunque esto parezca una burda caricatura, es la consigna que están siguiendo todos los ministros de Sánchez y los medios de comunicación afines esta semana: Vivas es el culpable; Vivas no hace nada; Vivas entorpece la recuperación… Todo menos asumir la responsabilidad de los innumerables errores que están cometiendo en Ceuta, incluso no han hecho bien ni los papeles para montar un campamento de emigrantes en el puerto de Ceuta, tuvo que reclamárselos la Audiencia Nacional.

Los Presupuestos del Estado - Rotos y descosidos

En medio de todo el ruido y escándalo de la crisis de Ceuta, no podemos olvidar que el Gobierno sigue sin cumplir el mandato constitucional de presentar los Presupuestos del Estado en las Cortes. El mandato de obligado cumplimiento anual, incumplido en toda una legislatura, pone en duda su legitimidad.

Que sí, que los van a presentar, aseguraban. Nadie debe dudar, nos decían. No hay razones para desconfiar de las promesas del Gobierno sobre las cuentas del Estado. Así han estado año tras año, y tras año, desde el comienzo de esta legislatura. Es más, en agosto, Pedro Sánchez se comprometió a que presentaría las cuentas de 2027 a debate este 2026. Pero no parece que pueda cumplir el plazo legal que expira el 1 de octubre. Por eso, pocos días después, el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras el Consejo de Ministros admitió que “se presentarán antes de que acabe el año para tramitarse con normalidad en el Congreso”. La normalidad exigiría que los depositaran en la Cámara dentro de 12 días. Y quedaríamos todos muy sorprendidos si fuese capaz de cumplir este plazo.