Proyecto nacional

El penúltimo choque acontecido en la arena política española ha surgido por el traslado a nuestro país de la doctrina popularizada en Francia desde los años ochenta del siglo pasado sobre la llamada “preferencia nacional” o “los franceses primero”, también recogida en los Estados Unidos de América en la frase “America first”, acuñada allí por el partido republicano y que aquí se ha dado en llamar “prioridad nacional”.

Resultaría graciosa la panoplia de disparates que se han podido oír en estos días sobre este tema, desde ambos lados del espectro, si no fuera porque evidencia la pasmosa ignorancia de un alto porcentaje de la clase política patria sobre ciertos asuntos que, al final, tienen su importancia, en tanto que pueden condicionar la gobernabilidad de autonomías enteras, quien sabe si la de todo el país en un futuro.

Lo más curioso es que sean los propios defensores de la idea quienes no tengan claros algunos de sus conceptos más elementales, tras escuchar a algún proponente decir que se trata de priorizar a los nacidos en España; cuando es ampliamente sabido (o debería serlo) que la nacionalidad española no se adquiere, en general, por el nacimiento en España (“ius solii”), sino por haber nacido de padres españoles (“ius sanguinis”).

También es grave pretender ignorar que España, desde 1986, forma parte de la Unión Europea; en cuyo seno, salvo contadas excepciones, está prohibida la discriminación por nacionalidad. Aunque, quizás, lo que sucede es que los partidarios de la idea no están pensando precisamente en priorizar a los ciudadanos españoles frente a los alemanes o los holandeses. Ya nos podemos imaginar, en realidad, que nacionalidades se están barajando.

Que un Estado debe preocuparse primero de sus propios nacionales es de una obviedad tan clara que difícilmente nadie se atreverá a negarlo

Por otro lado, para quienes se echan las manos a la cabeza alarmados por los tintes xenófobos de la propuesta, también convendría recordarles que varios países europeos -cierto es que con desigual fortuna- han establecido (o, al menos, lo han intentado) limitaciones en el acceso a diferentes tipos de ayudas sociales con base en el arraigo; es decir, por el transcurso del tiempo de residencia (obviamente, legal) del solicitante en el país de destino.

Que un Estado debe preocuparse primero de sus propios nacionales es de una obviedad tan clara que difícilmente nadie se atreverá a negarlo. Entre otras cosas, porque el procedimiento para la obtención de la nacionalidad, cuando no se tiene originaria, es mucho más exigente que el de residencia. Por lo cual ¿para qué querría entonces alguien obtener la nacionalidad de un país, si con ello no recibe un tratamiento un poco más especial?

Pero hace ya tiempo que la Unión Europea decidió orientar la atribución de derechos y libertades hacia quienes contribuyen, con su trabajo y presencia, al desarrollo del proyecto europeo, apostando por la residencia como criterio de conexión. Por lo tanto, quizás la cuestión no sea tener que decidir entre “prioridad nacional si” o “prioridad nacional no”; sino, más bien, comprender cuál es la verdadera raíz de todo el problema.

Y aquí todo se torna bien simple: a mayor cantidad de usuarios de servicios públicos, o se invierte más, o serán de peor calidad. A mayor cantidad de solicitantes de ayudas, o se destinan más recursos, o tendrán menor cuantía. Quizás la prioridad nacional sería entonces disponer de unos servicios públicos eficientes; o que quienes residen en España no tengan que recurrir a ayudas sociales, porque hay trabajo para todos. O sea: un proyecto nacional.