El pucherazo

Al intento encarnizado del Ejecutivo por someter y anular al Poder Judicial -separación de poderes que constituye el sustrato de la democracia-, amén de los instrumentos de persecución contra la delincuencia, llámesele en general y abstracto, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, y más en concreto, la Unidad Central Operativa (UCO), se le van sumando las sucesivas informaciones con las que golpean a la ciudadanía, de manera cada vez más profusa e ininterrumpida, las cabeceras de la mayoría de los medios de comunicación independientes.

Al hablar de medios independientes, se refiere a aquellos que han quedado no solo excluidos de ayudas y subvenciones, sino despojados desde el Gobierno de su identidad como medios de comunicación para reducirlos a “pseudomedios”, pese a perseverar en su obligación, consistente en ofrecer información veraz a los ciudadanos y ser, simultáneamente, reconocidos como el Cuarto Poder, un elemento más de control sobre el Gobierno, denunciando conductas y acciones, si no descaradamente ilegales, cuando menos inmorales.

Mientras los altos cargos del PSOE y segundos de abordo transitan del escaño al banquillo, cada vez más voces se levantan, desde las mismas filas socialistas, contra el encubrimiento pertinaz y continuado de conductas constitutivas de delito, así contemplado en las mismas leyes que ellos han promovido.

En semejante maremagno, el presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros someten al pueblo a un vértigo de escándalos sin fin, al tiempo que ellos afirman navegar sobre el lomo de olas desbocadas de un temporal como si fuera calma chicha, en un lapsus de amnesia, donde Sánchez no reconoce a nadie de la Banda del Peugeot, aun habiendo compartido camino, polvo, bocadillos, meadas en el arcén y cagadas en el tiesto.

Mientras los altos cargos del PSOE y segundos de abordo transitan del escaño al banquillo, cada vez más voces se levantan, desde las mismas filas socialistas, contra el encubrimiento pertinaz y continuado de conductas constitutivas de delito, así contemplado en las mismas leyes que ellos han promovido.

De los últimos, más allá de la financiación ilegal de las primarias, o meter votos de más en una urna tapada por una cortina, se suma ahora un torrente de denuncias por abusos, algo horrible para la salud del país, y otra vuelta de rosca que daña de manera directa a la democracia: Sara Simón, Consejera del PSOE en Castilla-La Mancha, comunica que hubo irregularidades en las primarias que dieron ganador a Sánchez, afirmando que “en el censo aparecían 30 o 40 personas más, que no sabían quiénes eran”, y que “sucedió en muchos otros sitios”.

En cuanto un nuevo escándalo sale a la luz, Sánchez se va de viaje y le carga el muerto al ministro de turno, o él mismo sale a la palestra para aseverar que es otro más que ha traicionado al partido, desentendiéndose de que la suma de las partes es mayor que el todo, y que él es el máximo responsable por ser el jefe. Acto seguido, señala hacia cualquier adversario político con la intención de responsabilizarlo de sus omisiones e ineptitudes, con la pretensión de que los españoles traguen con la tomadura de pelo, obviando que las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras.

Los socios del Gobierno apoyan de manera manifiesta e interesada la corrupción. Para certificarlo no es necesario evocar siquiera el desliz de Yolanda Díaz al afirmar que “hay Gobierno corrupto para rato”. El único que logró resistir con tanto ahínco fue el premier inglés Boris Johnson, que a mitad de camino de los “logros” de Sánchez ya había dimitido.

Lo realmente preocupante, más allá aún de tanta podredumbre, es averiguar cómo es posible que en España no exista ningún método que obligue a un político a dimitir al verse envuelto en semejante miasma, porque eso ya no es una simple red de corrupción, ni “dos personas en el partido”; más allá de un entramado de cloacas, es una maraña de mierda, que expone a los ciudadanos, dejándolos desprotegidos. Venían a luchar contra el sexismo y la corrupción, erigiéndose en adalides de la transparencia, y ha resultado que, en lugar de un asalto al cielo, están arrastrando al país al infierno.