Pujanza económica con malestar social

La economía española atraviesa un momento que, a primera vista, resulta inusualmente optimista. En un contexto internacional marcado por la desaceleración de los principales mercados y la persistente incertidumbre geopolítica, España se ha convertido en el alumno aventajado de la eurozona. Tanto organismos internacionales como nacionales han revisado al alza sus proyecciones de crecimiento, consolidando la imagen del país como una de las economías más dinámicas del continente.

El Banco de España, Funcas y la OCDE sitúan el PIB de 2025 en torno al 2,6%, mientras que el Gobierno lo eleva al 2,7%. La sorpresa llegó con CaixaBank Research, que anticipa un 2,9%, la previsión más optimista publicada hasta la fecha. Los datos no solo avalan una recuperación sólida, sino también un crecimiento diferencial respecto al entorno europeo, que arrastra tasas más débiles.

El reconocimiento no es exclusivo de los institutos de análisis. En septiembre, las principales agencias de calificación –S&P, Moody’s, Fitch y Scope– elevaron la nota de España a la categoría A, el nivel de honor en el que se recomienda invertir. Una mejora que tiene efectos directos: abarata el coste de la deuda pública, incrementa la confianza exterior y consolida la senda de sostenibilidad fiscal. Este espaldarazo internacional recuerda la etapa dorada previa a la Gran Recesión, cuando el país también gozaba de una calificación de primer nivel.

Hay malestar a pesar de que instituciones internacionales y agencias de rating certifican el liderazgo de España en crecimiento

Los motivos de este milagro macroeconómico parecen claros: un modelo de crecimiento más equilibrado, la fortaleza del mercado laboral gracias a la reforma que redujo la temporalidad, el dinamismo migratorio, la resistencia de las exportaciones y servicios, así como el saneamiento financiero de familias y empresas. Incluso medios de referencia como The Economist o Financial Times han reconocido el desempeño español, destacando su liderazgo global y el carácter reformista de algunas de sus políticas.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es menos halagüeña. El precio de la vivienda en España ha subido un 12,8% en el último año, muy por encima de la media de la eurozona (5,1%) y de la UE (5,4%). Se trata de la tercera mayor subida en la eurozona, solo superada por Portugal y Croacia. Este incremento desorbitado convierte el acceso a la vivienda en un problema estructural que afecta de forma especial a los jóvenes y a los colectivos más vulnerables. El capital extranjero, atraído por el buen comportamiento macroeconómico y la fortaleza del turismo, ha contribuido a alimentar la burbuja inmobiliaria, consolidando un escenario de desigualdad.

El malestar social no se explica solo por la vivienda. La recuperación salarial ha sido más lenta que la inflación, el precio de los alimentos sigue golpeando con dureza a las familias y la brecha entre los beneficios empresariales –en especial los de la banca– y el estancamiento de las rentas del trabajo ha generado un creciente resentimiento. Es el triple agravio que hace que la bonanza macroeconómica no se perciba en la calle.

El pecado no radica en la incapacidad de crecer, ni en un exceso de gasto social, sino en la insuficiente redistribución de la riqueza. Un mayor PIB es condición necesaria, pero no suficiente, para lograr cohesión. España arrastra un déficit en justicia social que amenaza con desgastar políticamente los frutos de esta etapa de bonanza.

@J_L_Gomez