Regularización necesaria

Cada uno de los 700.000 firmantes de la Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso para proceder a una nueva regularización de inmigrantes podrán afirmar que han contribuido a la “legalización” de una de las personas que se acojan al proceso extraordinario puesto en marcha por el Gobierno tras acordarlo con Podemos. Al menos quinientos mil inmigrantes -de los 840.000 “irregulares” que se encuentran en España, según Funcas- podrán ver reconocido su derecho a la residencia y al trabajo en nuestro país en el que viven si demuestran que residen aquí desde cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

La regularización de inmigrantes es el reconocimiento de una realidad preexistente que debe ser abordada desde distintos puntos de vista y todos ellos revelan aspectos positivos para la salud pública del país, para su dignidad en una época en la que el racismo y la xenofobia se apodera de la acción política en muchos otros lugares, para la economía y en último extremo para los intereses políticos del Gobierno. Excepto para quienes ven en la inmigración un problema de seguridad, de reemplazo de la identidad nacional, o de colapso de los servicios sociales que ya utilizan.

Los datos de empleo, de presencia de los extranjeros en el mercado laboral, de aportación al PIB a la Seguridad Social, están ahí y serán mayores en la medida en que puedan encontrar empleo sin problemas para ellos y sus empleadores.

Quienes han buscado asilo y refugio en España como tierra de acogida, verán resueltos una parte importante de sus problemas personales y dejarán de padecer una espera interminable; para quienes llevan años viviendo entre nosotros con la espada de Damócles de la expulsión llega la tranquilidad y la posibilidad de establecer un proyecto de vida a largo plazo con el cumplimiento de derechos y obligaciones. Alertar sobre los temores que despierta la regularización en la convivencia en los barrios tendrían sentido si la presencia de los inmigrantes entre nosotros fuera nueva. La integración de los migrantes en España tiene unas características que facilita la convivencia.

Los problemas, además, se minimizarán en la medida que los inmigrantes vean reconocido su derecho al trabajo. La importancia de la inmigración en el desarrollo económico del país está fuera de toda y supondrá que quienes trabajen lo harán en las mismas circunstancias que los nacionales. “Yo quiero contratar y tú quieres trabajar, pero ninguno de los dos podemos hacerlo”, dicen muchos empresarios. Los datos de empleo, de presencia de los extranjeros en el mercado laboral, de aportación al PIB a la Seguridad Social, están ahí y serán mayores en la medida en que puedan encontrar empleo sin problemas para ellos y sus empleadores. Habrá quién lamente perder la posibilidad de contratar “irregulares” con condiciones salariales y sociales por debajo del convenio, pero la injusticia nunca es una buena causa.

Desde el punto de vista político la regularización extraordinaria vuelve a demostrar el cinismo de algunos partidos que en principio apoyaron la ILP, como el PP animado por Cáritas, y que ha decidido no seguir esa senda por la presión social de Vox. El Gobierno tampoco tiene garantizado que su vida parlamentaria vaya a ser más estable. A Junts, le ocurre lo mismo que al PP, por la presión de Aliança Catalana, y Podemos, tampoco se compromete a ir más allá que el pacto alcanzado ahora. Hablar de la regularización de inmigrantes como cortina de humo para tapar las consecuencias del accidente de Adamuz es considerar que los ciudadanos cuentan con una sola neurona para enfrentarse a distintos problemas.