La renuncia llega tarde

Pretende presentar su renuncia como una demostración de respeto a la institución que ha representado en los últimos años, pero es una prueba más de que Alvaro García Ortiz y las actuales autoridades del sanchismo tienen una idea sobre el respeto que difiere con la de una parte importante de la sociedad española. Esa parte que piensa que si has tomado decisiones que empañan la imagen de la empresa o cargo público que ocupas, lo adecuado es presentar cuanto antes la dimisión. Lo han hecho dirigentes socialistas en el pasado, y en algunos casos meses después o años después fueron juzgados y absueltos. Ellos se sabían inocentes, pero cumplieron lo que consideraban que era su deber.

García Ortiz sabe perfectamente si ha cometido delito. El resto, los que siguen clamando por su inocencia -aunque es difícil asumirla vista su reacción cuando se vio investigado- han emprendido una campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo que ha tenido un efecto boomerang. Jamás se había visto una actitud en un Gobierno y en otros representantes de instituciones del Estado tan demoledora para ellos mismos. Empezando por el presidente de Gobierno, que sin estudios de Derecho y un doctorado muy cuestionado insiste en la inocencia de alguien a quien el Supremo considera culpable. Probablemente porque teme Sánchez que le afecten de alguna manera las maniobras de García Ortiz para desprestigiar a la presidenta madrileña. Por no mencionar el papelón de Dolores Delgado y el juez Garzón, la primera exministra de Justicia y exfiscal general, y el segundo uno de los jueces con más fama -merecida o no- sumándose a una manifestación contra el Tribunal Supremo. Son amigos íntimos de García Ortiz, Delgado fue quien lo propuso para la Fiscalía General, pero es prioritario demostrar más respeto a las instituciones que a los amigos. Más aún cuando el Supremo los considera culpables de delito.

No se explican esos apoyos incondicionales a García Ortíz por parte de algunos destacados personajes de la política.

La renuncia llega tarde, y llega además acompañada de declaraciones, artículos y gestos de apoyo que no se pueden admitir en altos cargos públicos, precisamente porque están más obligados que nadie a respetar las decisiones de las instituciones y defender la independencia de la Justicia.

No se explican esos apoyos incondicionales a García Ortíz por parte de algunos destacados personajes de la política. Porque tanto García Ortiz como ellos mismos deben ser ejemplares en el respeto a las decisiones de la Justicia, mantener una conducta adecuada y exigirla a todos y cada uno de sus compañeros.

En este asunto de la filtración del acuerdo de conformidad que buscaba el abogado de González Amador con Hacienda, Alvaro García Ortiz ha demostrado una falta absoluta de profesionalidad -ni un alumno de primero de Derecho habría sido tan zafio a la hora de resolver el problema-, al diseñar la estrategia para hundir la carrera de Isabel Ayuso. . Tanto si tomó la iniciativa “motu proprio”, como si fue presionado, García Ortiz ha dado pasos que en un fiscal son delitos. Lo sabe. Y lo sabía cuando puso cerco a González Amador.