Riesgos de España en la crisis francesa

La crisis francesa tiene consecuencias europeas. España, por ejemplo, mantiene una posición más sólida que Francia, pero la elevada deuda pública y el riesgo de contagio financiero exigen acelerar la consolidación fiscal por parte del Gobierno de Sánchez.

La posible caída del primer ministro François Bayrou, apenas ocho meses después del hundimiento de Michel Barnier, no es solo un problema político francés: es una señal de alarma para toda la zona euro. Francia, considerada históricamente uno de los países centrales junto a Alemania y los Países Bajos, se enfrenta hoy a un déficit público del 5,8% del PIB en 2024, el más alto de la eurozona, y a una deuda que ya supera el 113% del PIB.

Esta fragilidad fiscal ha coincidido con una grave inestabilidad política: dos gobiernos en crisis en menos de un año, una Asamblea Nacional ingobernable y una fragmentación partidista inédita desde la fundación de la V República. Pero lo más relevante para España y el conjunto de la eurozona es que la crisis francesa ha puesto en cuestión una vieja narrativa: la división entre países periféricos y centrales dejó de ser válida. Hoy, la disciplina presupuestaria, y no el origen geográfico, define la credibilidad financiera de los Estados.

Durante la crisis de deuda soberana de 2009, la eurozona se había dividido en dos bloques: los países periféricos –Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España–, objeto de recelos y programas de rescate, y los países centrales, liderados por Alemania, Francia y los Países Bajos, considerados anclajes de estabilidad. Quince años después, la realidad ha cambiado.

El mercado ya no distingue entre países centrales y periféricos: la disciplina presupuestaria es el nuevo criterio aplicado a Europa

Mientras Portugal, Irlanda, Grecia y Chipre –todos ellos rescatados– registraron superávits fiscales en 2024, Francia encabeza ahora el déficit europeo. Incluso España, tradicionalmente en el grupo vulnerable, cerró 2024 con un déficit apenas por encima del 3% del PIB, debido en parte a gastos extraordinarios por la dana de Valencia, que Bruselas no computa como estructurales.

El mercado ha tomado nota: la rentabilidad de los bonos franceses a 10 años se sitúa ya por encima de la española, la portuguesa y la griega, una anomalía que ilustra el cambio de paradigma. La reputación de activo seguro para Francia se erosiona.

El problema francés no es solo coyuntural, sino estructural. El país combina un modelo social ambicioso con una economía incapaz de sostenerlo en el tiempo. En 2024, el gasto público alcanzó el 57,1% del PIB –solo superado por Finlandia–, mientras que los ingresos se situaron en el 51,3%. El desequilibrio es evidente.

Más del 50% del gasto se destina a políticas sociales y alrededor del 14% del PIB a pensiones, muy por encima de la media europea. Sin embargo, la elevada presión fiscal francesa se diluye por las múltiples exenciones y créditos tributarios, que reducen la recaudación efectiva en unos 30.000 millones de euros anuales. Resultado: un Estado sin margen para recortar sin provocar conflicto social, pero también sin capacidad para aumentar ingresos sin desatar protestas masivas.

Este círculo vicioso se agrava por la apuesta de Emmanuel Macron de duplicar el presupuesto militar hasta 64.000 millones de euros en 2027, mientras se anuncian recortes en pensiones, sanidad y salarios públicos. En resumidas cuentas: Francia está intentando cuadrar un círculo imposible. La derivada: una Europa más frágil.

@J_L_Gomez