Sánchez, contra la acción popular para salvar a su esposa y hermano

Con independencia del recorrido judicial de los casos en trámite de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno hay otra serie de aspectos y consecuencias que no deben ser pasados por alto, como el proyecto del Gobierno de progreso de reducir las posibilidades de la acción popular para impedir que puedan prosperar iniciativas como las que asolan a ese gran regenerador proclamado de la vida pública nacional, como repetidamente se manifiesta La ya llamada “Ley Begoña” para expulsar de los procedimientos las acciones populares no ha llegado a tiempo. Los dos casos tienen además colorido pintoresco, como el que el hermano, empleado por la Diputación de Badajoz ignorara dónde estaba su despacho ni con qué personal contaba para sus funciones o que la “catedrática” Begoña Gómez dirigiera cursos superiores de los que ella misma no podría ser alumna por no poseer el exigido nivel de una licenciatura universitaria. Y es que, en ambos casos, más allá del propio marco jurídico y administrativo sobre sale el aspecto moral y decente. O sea, que al margen de que los dos tinglados se montaran con las adecuadas formalidades, los dos asuntos apestan por sus propios perfiles.

A medida que se conocen detalles reveladores de cómo obtuvo la antigua administradora de las saunas-burdeles de su padre la cátedra famosa, sus patrocinios, el uso de la estructura de la Moncloa (entremezclados con dispendio del Gobierno a una aerolínea colaboradora) como lanzadera y empleo de personal público en su labor gestora, el asunto que va a ser solventado por un jurado popular apesta por sí sólo. En cuanto al hermano, la previsión ordenada de colocarlo en una plaza pública, su manifiesta evidencia de su falsificada residencia fiscal en Portugal, su uso de los servicios de la Moncloa como aparcadero personal y su propio alojamiento en la casa a costa del Estado, se evidencia un modo de proceder como si el doctor Sánchez y sus aledaños fueran dueños del Estado. Los arropadores de Sánchez dicen que en ambos casos “no hay nada” reprochable, desde los mismos espacios se ha venido lanzando una campaña de acoso y desprestigio de los jueces que cumplen con su deber, que el propio doctor Sánchez acusa de salirse de sus funciones y hacer política.

El caso de Gallardo es especialmente impúdico por la pirueta del propio partido que sigue usando las siglas PSOE para ver de ampararlo

Lo de la Diputación de Badajoz tiene perfiles que me interesan especialmente por mi propia experiencia en ese terreno. Me explico: durante mi vida activa, como funcionario de carrera de cuerpo superior docente me correspondió ser designado vocal de tribunales de plazas en la administración provincial e incluso fui habilitado para formar parte de tribunales superiores en la administración universitaria en Portugal. En su día, me tocó, por la especialidad de una plaza, formar parte una plaza de técnico superior en una diputación gallega y responsable del contenido concreto. En el tribunal, aparte de otros funcionarios, estaban también representantes de los sindicatos. El proceso fue riguroso y elegimos a la, en este caso, candidata idónea bajo el principio de mérito y capacidad. No cabe otro.

De momento, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha avalado el auto que puso fin a la instrucción para juzgar a David Sánchez, al líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas por delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, en el modo en que accedió a una plaza pública en la Diputación de Badajoz. El caso de Gallardo es especialmente impúdico por la pirueta del propio partido que sigue usando las siglas PSOE para ver de ampararlo y complicar las cosas con su forzado aforamiento.

Por su parte, el juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha propuesto que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La acompañan en el banquillo su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. En este caso queda también contaminada la propia Complutense y la Moncloa, una de cuyas funcionarias sobrepasó las funciones públicas que tenía asignadas con el objetivo de “favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. Aparte de que la cátedra de la “bachiller” Gómez se gestara en una visita del rector de la Complutense en Madrid, además de que el vicerrector Juan Carlos Doadrio intercambiaba numerosos correos con Begoña Gómez y su asesora, su interlocutora habitual, llegando a calificarla como persona de confianza.