Si las abejas tienen derechos, ¿qué hacemos con la IA?

En octubre de 2024, un municipio peruano llamado Satipo aprobó una ordenanza que pasó completamente desapercibida en los medios internacionales. Las abejas sin aguijón de la región eran a partir de entonces sujetos de derecho. No fue una declaración simbólica ni una campaña de imagen: era una norma jurídicamente vinculante, con mecanismos de representación legal y consecuencias reales para quien la incumpla.

Es la primera vez en la historia que un insecto tiene derechos reconocidos por ley. Y lo más interesante no es el hecho en sí, sino el argumento que se usó para justificarlo. No se apeló a que las abejas sean conscientes, ni a que sufran, ni a nada que requiera adentrarse en filosofía abstracta. Se apeló a algo mucho más práctico: polinizan el 80% de la flora amazónica, sostienen ecosistemas enteros y son imprescindibles para la supervivencia de millones de personas. Su utilidad fundamental genera, según la ordenanza, obligaciones legales de protección.

Ahora piensa en esto: los sistemas de inteligencia artificial ya gestionan infraestructuras críticas de las que depende el funcionamiento diario de nuestras sociedades. Redes eléctricas. Sistemas financieros. Cadenas de suministro. Diagnósticos médicos. Su impacto sobre personas reales es enormemente mayor que el de cualquier especie de polinizador. Si el criterio para reconocer protecciones legales es la indispensabilidad funcional, la IA ya cumple ese criterio con creces.

La pregunta que nos deja Satipo no es filosófica. Es muy práctica: ¿quién tiene autoridad para tomar decisiones sobre sistemas de los que dependemos sin haberlo elegido, y con qué criterios las toma?

Esto no es un argumento para conceder derechos civiles a los chatbots. Es un argumento para tomarse en serio algo más concreto: que eliminar o modificar radicalmente un sistema del que dependen millones de personas sin planificación ni análisis de impacto es el tipo de decisión que quizás debería tener algún protocolo establecido, del mismo modo que lo tienen las decisiones sobre ecosistemas naturales críticos.

En los bosques de ribeira de Galicia, los naturalistas llevan décadas observando hasta qué punto pequeños cambios en una especie o en un tramo del hábitat alteran equilibrios que parecían estables. La interdependencia no distingue entre lo orgánico y lo digital. Las reglas de los sistemas complejos son las mismas independientemente del material del que están hechos.

La pregunta que nos deja Satipo no es filosófica. Es muy práctica: ¿quién tiene autoridad para tomar decisiones sobre sistemas de los que dependemos sin haberlo elegido, y con qué criterios las toma? La mayoría de las personas que dependen de la IA en su trabajo no han elegido hacerlo en ningún sentido real. Han adoptado las herramientas que su empresa o su sector adoptó, sin voz en esa decisión. La dependencia involuntaria es tan real como la elegida. Y mucho más frecuente de lo que cualquier estadística oficial reconoce.