Un siglo bajo la bota marroquí

España lleva demasiado tiempo recibiendo la misma lección sin aprender nada de ella: la debilidad frente a Marruecos nunca compra amistad. Compra, como mucho, una tregua hasta que se produzca la siguiente exigencia de ese régimen expansionista, con realidad tercermundista y vocación de potencia regional. La historia viene ya de lejos. En 1945, el franquismo tuvo que abandonar Tánger, cuya zona internacional había ocupado al producirse la caída de Francia en 1940. Aquella aventura imperial, jurídicamente indefendible, terminó cuando las potencias vencedoras restauraron el estatuto internacional de la ciudad. Pero Franco pudo poner condiciones para evitar la futura entrega al potencial sultanato alauí independiente, y no lo hizo. Después llegó la descolonización formal de Marruecos. Francia reconoció su independencia en marzo de 1956 y Franco hizo lo propio en abril, poniendo fin al Protectorado español en el norte, incluido el Rif. Estados Unidos había favorecido la evolución hacia la independencia y un entendimiento con el nuevo Marruecos. Pero Rabat no se detuvo allí.

España sigue siendo, en Derecho, la potencia administradora por más que haga dejación de sus obligaciones

Tras la guerra de Ifni, España entregó en 1958 Cabo Juby, la franja situada frente a Canarias cuya capital era Villa Bens, hoy Tarfaya. Ifni resistió once años más y, convertida formalmente en provincia española, fue retrocedida a Marruecos en 1969. Sí, Franco entregó, no una colonia, sino una provincia. Y no sería la última. Cada concesión alimentaba la siguiente reclamación. Y entonces llegó el desastre del Sáhara Occidental. En noviembre de 1975, con Franco agonizando, España firmó los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania y abandonó la provincia sin culminar su descolonización mediante la autodeterminación de los saharauis. No fue una transferencia válida de soberanía. Naciones Unidas ha dejado establecido que los acuerdos no transfirieron la soberanía sobre el Sáhara ni convirtieron a Marruecos y Mauritania en potencias administradoras. Mauritania abandonaría después la parte que controlaba y Marruecos la ocuparía. España sigue siendo, en Derecho, la potencia administradora por más que haga dejación de sus obligaciones.

Fue la culminación de una política africana franquista desastrosa: grandilocuente cuando podía exhibir mapas y uniformes, pusilánime cuando había que defender intereses, prever escenarios y construir una salida política duradera. España podría haber favorecido décadas antes una descolonización inteligente. Un Rif independiente -la República del Rif llegó a existir entre 1921 y 1926- y, más tarde, un Sáhara soberano, podrían haber terminado siendo dos Estados amigos de España, socios comerciales y contrapesos naturales al expansionismo alauí. Es historia contrafactual, naturalmente. Pero sirve para recordar que la actual potencia regional de Marruecos no cayó del cielo: fue consecuencia de decisiones europeas y españolas que concentraron territorio y poder en torno a la monarquía de Rabat.

Lo más grave es que la democracia española heredó la pusilanimidad. UCD, PSOE y PP han practicado una política basada en el temor permanente a irritar a Marruecos. El Sáhara, la pesca, la inmigración irregular, el narcotráfico, Ceuta y Melilla o las aguas canarias han quedado demasiadas veces sometidos a una diplomacia preventiva: procuremos que el sultán no se enfade. Pedro Sánchez llevó esa tradición a un extremo particularmente lamentable cuando en 2022 alteró la posición española sobre el Sáhara para considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Cuatro años después, Donald Trump ha reiterado algo todavía más grave: el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el territorio, contrario al estatus que Naciones Unidas sigue atribuyendo al Sáhara Occidental. Y así llegamos a Ceuta. La entrada masiva de más de 70.000 personas a finales de julio ha producido una crisis de dimensiones extraordinarias. Los documentos desclasificados muestran que el CNI había advertido de convocatorias para cruzar la frontera y comunicado información incluso a los servicios marroquíes. Y Marruecos ha vuelto a reiterar su reivindicación sobre Ceuta y Melilla. Eso debería bastar para abandonar definitivamente cualquier política de apaciguamiento.

España necesita buenas relaciones con Marruecos, naturalmente. El comercio, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la gestión migratoria exigen cooperación. Pero cooperación no significa dependencia ni sumisión. Precisamente porque Marruecos es importante debemos reducir su capacidad de condicionarnos: reforzar las fronteras, implicar plenamente a la Unión Europea en Ceuta y Melilla, combatir los tráficos ilícitos sin complejos y recuperar una política exterior propia sobre el Sáhara basada en el Derecho internacional. Durante un siglo España ha confundido prudencia con retroceso. Ya no quedan Rif, Tarfaya, Ifni ni Sáhara sobre los que retroceder. No queda más carnaza para alimentar a la bestia. Ahora sólo quedan Ceuta y Melilla. Y de ahí no se retrocede.