La templanza, virtud cívica

En una sociedad marcada por la indignación, por la indiferencia ante los peligros reales, la virtud cívica más reclamada es la templanza. Algunos políticos, lejos de reclamar un “tiempo” para reflexionar sobre los acontecimientos, se dedican con frecuencia, prestos, a hacernos una presentación de la realidad deformada.

La condición para la templanza es la “ilustración”, el conocimiento de la situación para su tratamiento, lejos de la improvisación y de las ocurrencias. El núcleo normativo de la democracia consiste en que los representantes tienen la obligación de rendir cuentas frente a quienes representan, porque se suponía que no había efectos dignos de consideración que no pudieran ser amparados por la razón de Estado o infravalorados. A medida que aumenta la interacción entre las personas y sus deberes mutuos, se va ampliando la esfera de aquellos entre los cuales han de justificarse las propias decisiones políticas en la medida en que han de explicarse.

La sociedad de la información está marcada por la falta de información o por la información “averiada”. No lo tienen nada fácil los dirigentes políticos para escoger las decisiones políticas a adoptar. La decisión más acertada es escoger un grupo de asesores informados. La democracia implica una cierta identidad de los que informan la decisión, los que deciden y los que son afectados por las decisiones. La templanza tiene un papel decisorio en la formación de equipos para la toma de decisiones.

Precisamente, el “fracaso” de la “España federal” proviene en gran manera, de la falta de templanza, cuándo y cómo se adoptan las decisiones que afectan a todos. Manuel Fraga, en su momento, advirtió de la dificultad. No todos por las mismas razones prefieren para España un Estado federal. La toma de decisiones requiere además de “tacto”, una buena dosis de templanza. La justificación que deben los representantes no se resuelve únicamente en el seno de la base electoral. No puede detenerse en sus intereses inmediatos, sino que apuntan hacia una obligación general de justificación que incluya a los afectados por sus decisiones y sus consecuencias. Cuidado con el propio electorado porque, efectivamente, es la única instancia de rendición de cuentas democráticamente elaboradas, pero no es el único horizonte de nuestros deberes humanos. Los radicalismos no lo justifican todo.

Moncho Ramos Requejo (Maceda)