La tragedia moral de la desigualdad territorial

España no apareció por casualidad ni nació de una ocurrencia política pasajera. Es una de las naciones más antiguas de Europa, levantada durante siglos con enormes sacrificios humanos, económicos y políticos. Quinientos años de historia compartida construyeron un Estado que sobrevivió a guerras civiles, invasiones extranjeras, crisis dinásticas, terrorismo y enfrentamientos internos. Sin embargo, lo que generaciones enteras consolidaron lentamente puede ser liquidado en apenas unos años por dirigentes obsesionados exclusivamente con mantenerse en el poder.

La sensación de una parte creciente de la sociedad es clara: el actual modelo político no está fortaleciendo España, sino desmembrándola deliberadamente a cambio de apoyos parlamentarios. Cada semana parece traer una nueva cesión, un nuevo privilegio territorial o una nueva humillación al Estado en favor de partidos separatistas que no ocultan su desprecio hacia la propia existencia de España.

El caso de Cataluña resulta especialmente revelador. Después del desafío separatista de 2017 -un ataque directo al orden constitucional y a la soberanía nacional- lo que cabría esperar de cualquier gobierno serio habría sido una defensa firme del Estado y de la legalidad común. Ocurrió exactamente lo contrario. Los responsables políticos del golpe separatista pasaron de sentarse en el banquillo a convertirse en socios preferentes del Gobierno. Los indultos, la amnistía y las negociaciones constantes con quienes intentaron quebrar la unidad nacional han transmitido un mensaje devastador: desafiar al Estado sale gratis si tus votos son necesarios en el Congreso.

En el País Vasco ocurre algo parecido desde hace décadas, pero ahora elevado a una dimensión todavía más preocupante

La amnistía representa probablemente uno de los episodios más graves de degradación institucional de la democracia española. No nace de una convicción moral ni de un proceso de reconciliación nacional. Nace de una necesidad parlamentaria. Se utiliza el poder del Estado para borrar delitos vinculados a un intento de secesión porque un gobierno necesita siete votos para seguir gobernando. Es difícil imaginar una renuncia más explícita a la dignidad institucional.

Mientras tanto, Cataluña recibe competencias, ventajas fiscales, reconocimiento político diferenciado y una negociación bilateral casi permanente que rompe el principio básico de igualdad entre españoles. Se ha instalado la idea de que algunas comunidades autónomas pueden situarse por encima del resto simplemente porque sus partidos nacionalistas tienen capacidad de chantaje político.

En el País Vasco ocurre algo parecido desde hace décadas, pero ahora elevado a una dimensión todavía más preocupante. El nacionalismo vasco ha conseguido avanzar de cesión en cesión mientras el Estado retrocede constantemente. Transferencias competenciales interminables, privilegios fiscales únicos en Europa y una relación política basada más en el miedo a perder apoyos parlamentarios que en la defensa de un proyecto nacional común.

La tragedia no es solo política. También es moral

Lo más alarmante es que muchas de estas concesiones ya ni siquiera se presentan como excepcionales. Se han normalizado. El Gobierno habla de “pluralidad”, “diálogo” o “desjudicialización” mientras vacía lentamente la autoridad del Estado y erosiona cualquier idea de cohesión nacional. En nombre de la convivencia se está premiando precisamente a quienes llevan décadas trabajando para destruirla.

España corre el riesgo de convertirse en un simple agregado administrativo de territorios cada vez más desconectados entre sí, donde la solidaridad nacional desaparece y la ley deja de aplicarse de forma igualitaria. Un país donde el peso político de una región depende no de la justicia o del interés general, sino de cuántos diputados necesita el presidente de turno para sobrevivir una semana más.

La tragedia no es solo política. También es moral. Porque mientras millones de españoles cumplen las leyes, pagan impuestos y sostienen el país con esfuerzo diario, observan cómo quienes atacaron frontalmente al Estado reciben privilegios, pactos y concesiones. El mensaje es demoledor: la lealtad a España no obtiene recompensa; el desafío permanente sí.

Las naciones no suelen desaparecer de golpe. Se deterioran lentamente, por desgaste, por cobardía política y por la renuncia progresiva de sus élites a defenderlas. España tardó siglos en construirse. Pero basta un gobierno sin principios, dependiente del separatismo y dispuesto a sacrificar cualquier límite institucional para empezar a desmontarla pieza a pieza.