Tres lustros de preguntas sin respuesta

No habían pasado muchas semanas del estallido del llamado “caso Pokémon” cuando empezaron a surgir preguntas sobre aquel procedimiento y, por extensión, sobre actuaciones inquietantes de algunos jueces, no tan infrecuentes como podría parecer.

Quince años después siguen sin respuesta las preguntas -que en su mayoría formulé en números artículos publicados desde entonces en La Región- derivadas de aquel sumario estrafalario abierto por la magistrada Pilar de Lara, que por empezar mal ya lo hizo bordeando derechos constitucionales (como incomunicar a un detenido sin informarle de la causa, art. 17, o no garantizar el secreto de las comunicaciones, art. 18.3 de nuestra Constitución)

Escribí en aquellos artículos y sostengo todavía que está fuera de toda duda que la Justicia tiene el derecho y el deber de salvaguardar la ley. Que no debe acomodar su acción a criterios políticos, también. Pero en absoluto puede actuar a la ligera o de forma tan imprudente que su actuación para restituir un bien jurídico supuestamente alterado cause más daño del que pretende corregir.

La profusión de procedimientos penales, por denuncias falsas y políticamente contaminadas o sobre cuestiones puramente administrativas, abiertos contra el gobierno municipal del PSOE y del BNG, que han terminado en su totalidad archivados o con sentencia absolutoria, obliga a seguir formulándose preguntas nada tranquilizadoras sobre la actuación de algunos jueces y fiscales intervinientes en estos casos, al igual que en otros mucho más recientes que, como el malhadado Pokémon pueden alterar las garantías y los fundamentos de nuestro Estado Democrático de Derecho, y arrastrar por el fango la vida y el buen nombre de ciudadanos honorables.

Estás preguntas no son nada retóricas:

1. ¿Es normal tramitar hasta llevar a juicio denuncias de políticos, sindicalistas o promotores, trufadas de intereses particulares fáciles de detectar para cualquiera que no viva en una burbuja? ¿Es prudente extender esta práctica hasta convertir el procedimiento penal en un barbecho lato para actuaciones espurias?

2. ¿Cuántas absoluciones más hacen falta para pedir perdón al gobierno municipal del PSOE y el BNG de 2012, atropellado por una acción judicial manifiestamente incompetente y abusiva, al menos en Instrucción y Primera Instancia?

3. ¿Cuántas absoluciones más hacen falta para investigar la actuación de fiscales, instructores y jueces que tramitaron aquellas denuncias espurias y políticamente contaminadas y abrieron interminables procedimientos penales sobre asuntos meramente administrativos, en flagrante olvido del principio de intervención mínima y grave abuso de la instancia penal?

4. ¿Cuántas absoluciones hacen falta para que, si no se abre otro tipo de investigación sobre la actuación de esos jueces y fiscales, al menos se evalúe su solvencia y capacitación técnica?

5. ¿Se toleraría el mismo nivel de error en representantes de cualquiera de los otros dos poderes del Estado, Gobierno o Parlamento?

Por eso, sin ser suficiente, es inaplazable contar con un Consejo del Poder Judicial que actúe al servicio de la Justicia “que emana del pueblo” y asegure la legalidad y legitimidad de sus actuaciones, con independencia, jerarquía y garantías, y como gobierno de los jueces y tercer poder del Estado estar sometido a control democratico.

Por eso los jueces no pueden “elegir a los jueces” en régimen de autogestión endogámica y es fundamental potenciar y agilizar el sistema de contrapesos que corrija y arregle estos desaguisados, sin interminables demoras que prolongan injustamente sus efectos sobre quienes los sufren.

Porque aun admitiendo que entre nuestros jueces son pocos los torpes y apenas algunos los malos, siendo la Justicia pilar estructural de la libertad y la democracia, pocos torpes son muchos y un solo malvado es una catástrofe.