Esto ya se ha visto

Las diatribas políticas respecto a las competencias sobre la prevención y extinción de incendios han seguido las mismas pautas que otros casos similares en los que todos los responsables políticos intentan quitarse de encima la sombra del desastre de una gestión que ha dejado miles de damnificados y un medio ambiente arrasado. Pasados los primeros momentos desde que se inicia el fuego, cuando parece que las responsabilidades están claras, todo empieza a enmarañarse y la sucesión de declaraciones políticas, cartas, reclamaciones y peticiones de ayuda hacen difícil establecer la línea del tiempo en la que se han tomado las decisiones que han ayudado a controlar el fuego o que lo avivan.

La falta de coordinación entre administraciones y la lucha política que se desata a continuación está detrás de la polémica política

Ante unos incendios que no tenían parangón desde hace varias decenas de años, las comunidades autónomas, que son, no se olvide, quienes tienen transferidas las competencias para abordar en primera instancia los incendios, aparecen como las responsables de que los fuegos no hayan podido ser controlados con mayor presteza. La disminución de las inversiones, la falta de medios humanos y la precariedad de estos, es el primer déficit de la gestión. Luego está la despoblación de amplias zonas del territorio, causa por un lado de la situación de los montes, y solución a larguísimo plazo en el caso de que se pudiera revertir el abandono del medio rural. La falta de coordinación entre administraciones y la lucha política que se desata a continuación está detrás de la polémica política.

Todo apunta a que los presidentes de las comunidades autónomas incendiadas tardaron en pedir ayuda al Gobierno central y en este caso si funcionó el que “si necesitan ayuda, que la pidan”, porque eran esos responsables políticos quienes sabían lo que necesitaban. Cuando la solicitan lo hacen de forma concertada y exagerada con lo que a partir de ese momento consideran minoradas sus responsabilidades, al tiempo que se agrandan las del Gobierno central. Sin embargo, a lo largo de los días se va conociendo que el Gobierno ya había dispuesto los medios demandados, que muchos de ellos quedaron sin utilizar y lo que es más grave, en muchas comunidades autónomas sus propios medios quedaron en sus bases por falta de personal y descoordinación. Se acusa al Gobierno de no haber pedido la ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil cuando ya se había hecho, y según y cómo se utilice el cronograma de las declaraciones y de las decisiones los líderes políticos de todos los niveles las responsabilidades caen de un lado u otro, mientras esperaban un cambio de las condiciones climatológicas. Por supuesto, los presidentes autonómicos no quieren oír hablar de decretar el Nivel 3 en la lucha contra el fuego porque perderían la dirección política de los operativos.

Una vez más todos tratan de ganar el relato, con el Gobierno a la espera de que soliciten su colaboración, mientras desde el PP lo hacen de una forma ya practicada en otras ocasiones. Se trata de diluir las responsabilidades en el momento en el que pueden, generalmente instantes después de que sus presidentes autonómicos afectados por un desastre se reúnan con el jefe del Ejecutivo y se alabe la coordinación, para acto seguido desdecirse y afirmar que no hay ayudas suficientes y afirmar que todo es culpa del dogmatismo ecológico que impide la limpieza de los montes, sin explicar los motivos por los que han reducido significativamente las inversiones en prevención y extinción de incendios.

Cuando los fuegos se hayan extinguido, y las cenizas creen un nuevo problema en el territorio calcinado, también se apagará la necesidad de sentarse a buscar soluciones, y las comunidades autónomas volverán a arrastrar los pies para dotarse de más medios humanos y técnicos para luchar contra los incendios.