Zapatero y Sánchez reabren lo que ya estaba superado

Hoy más que nunca siguen resonando poderosas las palabras del comunista Marcelino Camacho defendiendo el proyecto de Ley de Amnistía de 1977, desde la autoridad moral de su propia trayectoria como soldado republicano y haber pasado gran parte de su vida en prisión durante el franquismo. Camacho empleó repetidamente el término “reconciliación” para cerrar definitivamente la guerra civil y el odio entre españoles. Y aquella Ley fue un instrumento definitivo para hacer posible la Transición. Pero llegó Zapatero y se propuso reabrirlo. De él dijo uno de sus profesores que no le constaba que hubiera leído otro libro que los apuntes de clase. Quizá por ello reformuló el concepto de nación como algo discutible y asintió en convertir España en un estado asimétrico donde, según su vecindad civil, los ciudadanos tuvieran deberes y derechos distintos, y ya puestos, reabrió el debate que Camacho cerrara, y promovió la “Ley de Memoria Histórica”, que un prestigioso hispanista, como Stanley Payne definió como una ley sesgada, parcial y sectaria, valoración que también dedicaría a la posterior “Ley de Memoria Democrática” de Sánchez.

De la evidente polarización de la sociedad española de nuestros días fue buena expresión el anuncio del doctor Sánchez de que se proponía levantar un muro que separa a los buenos de los malos españoles, sobreentendido que estos últimos son todos aquellos que no piensan como él o como el variado conjunto de sus socios desde el Bildu a Junts y demás, que él considera “mayoría social”. Todos aquellos fuera de este círculo o este lado del muro son fachas, la fachosería, el fango, etc., lo que incluye a los propios discrepantes dentro de su partido. Esta simplista reducción ha vuelto a resurgir en la propia justificación de las dos leyes antes citadas, desde el otro lado del muro donde están Sánchez y sus socios. Basta ver que la historia reciente de España, en algún caso, la colocan en los sucesos de 1936, sin la menor mención a sus antecedentes de 1934.

Sobre el asunto de la guerra civil tengo yo mi propio repertorio de experiencias, sobre la que se construye mi opinión al respecto. Para empezar, en 1981, yo fui procesado y me senté en el banquillo de la Audiencia Provincial de Pontevedra, para responder sobre un reportaje que publiqué en “Hoja del Lunes” de Vigo y “Sábado Gráfico” sobre el consejo de guerra contra las personas que mantuvieron la legalidad republicana en la ciudad de Tui, que fue la última de Galicia en caer en manos de los sublevados. Tuve acceso al propio sumario y sentencia, donde mediante pruebas falsificadas se condena a muerte a varios médicos y otras personas de orden. Además, demostré que la versión oficial de lo ocurrido, según la “Historia de la Cruzada”, de Arrarás, era una sarta de mentiras oficializadas. Al final, fui absuelto porque el tribunal apreció que mi ánimo historiandi prevalecía sobre cualquier otro en el relato.

Frente a los que teorizan sobre la guerra civil, puedo aportar la propia experiencia de haber conocido y entrevistado a personajes que la vivieron: desde el general Lister al comisario Santiago Álvarez; al dirigente falangista Dionisio Ridruejo o al dirigente de la CEDA Gil Robles; desde los generales Gutiérrez Mellado y Díez Alegría) al historiador Herbert Soutuworth (autor de “El mito de la cruzada de Franco”) a Santiago Carrillo e incluso al hermano de Buenaventura Durriti, que vivía en Lugo.

¿Por qué Payne ha sido tan crítico con respecto a las leyes de Zapatero y Sánchez? Este sostiene bien pudieron limitarse a la reparación de las víctimas y aceptar en todo caso no volver para atrás en cuanto a una percepción general que ya no estaba presente en el conjunto de la sociedad española, como propusiera Camacho. Los que cometieron asesinatos en el bando republicano fueron juzgados y condenados, como se refleja en la “Causa General”, pero ahora los asesinos de las chekas, los de las patrullas del amanecer, y todos los incursos, con carácter general, en procesos como el que cito, pasan a ser “víctimas del franquismo”, mezclando a las verdaderas víctimas con sujetos como Agapito García Atadell, cabeza de la más cruel cheka de Madrid y otros semejantes. Y eso está en la Ley de la Memoria Democrática. Por no citar que, como consecuencia de las concesiones que el Sánchez tuvo que pagar a sus consocios de Bildu, para que los etarras pasan a ser víctimas y ya en plena democracia, hasta 1983, nada menos, se cuestionará la labor del Estado en la lucha contra la organización criminal, cuyo brazo político apoya ahora al doctor Sánchez y bien que lo proclaman.