Un “zona tensionada” es siempre un fracaso

Algunas alcaldesas, como las de A Coruña o Santiago -y siguiendo las directrices de una fallida Ley Estatal de Vivienda-, son especialistas en crearnos aún más problemas en materia de accesibilidad a la vivienda, para hacernos creer que tienen una solución. Así se podría sintetizar la falta de planificación y planteamientos resolutivos en el galimatías normativo del urbanismo y la vivienda. Y es que la declaración de zonas tensionadas agrava y complica aún mas la accesibilidad a la vivienda de nuestros jóvenes y personas económicamente vulnerables, destruyendo el número de viviendas en alquiler habitual y contribuyendo aún más a aumentar la presión en los municipios limítrofes de aquellos que ya han optado por ponerlas en marcha. Entremos en materia.

La demanda de una vivienda para vivir de alquiler es constante y no para de aumentar. Mientras, la realidad del mercado es que el número de propiedades que salen en oferta no deja de descender en los últimos 30 meses (en Galicia la oferta de vivienda en alquiler en el circuito de comercialización en los últimos dos años se ha reducido más de un 25%). Y este desajuste contribuye notablemente a incrementar los precios del arrendamiento de viviendas. Vayamos con un ejemplo comparativo real de implantación de una zona tensionada en una CCAA o municipio, como por ejemplo Cataluña, que fue la primera, en marzo del 2024, en implantarla. Pues bien, los efectos de la declaración de zona tensionada, actualmente en 271 municipios en Cataluña, se trasladó desde su entrada en vigor en una cristalina destrucción de oferta. Y en la que el número de propietarios que han retirado sus propiedades del mercado ante la inseguridad jurídica provocada por el intervencionismo del mercado no ha parado de incrementarse desde entoces aumentando así la magnitud del problema. El descalabro es notorio y contrastable, en el año 2023 salieron al mercado en alquiler en la CCAA catalana,154.663 viviendas, para reducirse en 2024 hasta las 114.878 viviendas y con una previsión a cierre de este 2025 de menos de cien mil viviendas. Y lo más aberrante, los precios de la vivienda en alquiler no han disminuido, sino que se siguen incrementando. Conclusión, más del 40% de los propietarios en Cataluña han retirado o prevén retirar viviendas del mercado de alquiler tras la limitación de rentas y la tremenda inseguridad jurídica creada, y ya no hablemos del crecimiento exponencial de las inkiocupaciones.

En la ciudad de A Coruña en los dos últimos años, 2023-2025, la oferta de vivienda en alquiler (con un precio medio de 10,2 euros metro cuadrado) se ha reducido en un 15% y con un crecimiento de la demanda superior al 75%. Y podría añadir que la aplicación de medidas intervencionistas en las zonas declaradas tensionadas, únicamente va a contribuir a aumentar la drástica reducción de la oferta, generar más incertidumbre entre los propietarios y dificultar que el mercado de la vivienda sea realmente accesible. Lo dicho, ante la falta de soluciones, les propongo, por ejemplo, intentar movilizar la bolsa de viviendas vacías para que estas viviendas entren en el mercado en alquiler residencial. Para lo cual es imprescindible ofrecer rentabilidad, seguridad jurídica y confianza a los propietarios.