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La corporación municipal deberá afrontar un pleno extraordinario durante el mes de junio -que el alcalde fechaba a lo largo de la próxima semana- para levantar un reparo de la Intervención Municipal sobre la adjudicación del servicio de autobuses urbanos, en el que la empresa Gavilanes obtenía la mayor puntuación.
Se prevén varias impugnacións no Tribunal Galego de Licitación. Agardemos que se adxudique canto antes e, se iso non frutificase, acabará co Contencioso Administrativo.Pero o importante é adxudicar canto antes"
Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, relataba que “se prevén varias impugnacións no Tribunal Galego de Licitación. Agardemos que se adxudique canto antes e, se iso non frutificase, acabará co Contencioso Administrativo.Pero o importante é adxudicar canto antes”, y para ello “se fixo un reparo de pleno ó que nos opoñeremos”, y que la corporación deberá levantar con sus votos.
A continuación, el alcalde espera “que a tercerira o cuarta empresa -por puntuación en el concurso público- van impugnar. Tampouco sabemos en principio se iso vai ser problemas para os autobuses”.
Los últimos cambios en el mapa de líneas centraron el turno de ruegos y preguntas. Allí, Jácome afirmó, en relación al recorte de la línea 3, que “perdían en torno a 4 minutos dando a volta en San Cibrao, o que no se xustifica. A parada se moveu 110 metros, non creo sexa un problema. Entendemos que este é moito mellor servizo”.
También comentó el cambio en la línea 7 después de finalizar las obras de la calle Alejandro Pedrosa, asegurando que “unha parada se anulou porque agora o autobús baixa porla rúa Quintián, e estaba situada despois do cruce con Alejandro Pedrosa”, y adelantando que volverá a cambiar tras la adjudicación.
Se lle mandou a Intervención todos os os axustes que pedían, e está pendente de fiscalizar un pago de 4 millóns"
La relación económica con Avanza, que aún presta el servicio en precario, fue otro de los asuntos a tratar. Preguntado por las deudas que provocan el retraso en las nóminas -los trabajadores cobraron finalmente el 4 de junio-, el alcalde calculaba que “se lle mandou a Intervención todos os os axustes que pedían, e está pendente de fiscalizar un pago de 4 millóns de euros”.
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