La burocracia deja a los ourensanos de la “ley de nietos” en un limbo electoral

Tener el pasaporte español en el bolsillo, con raíces ourensanas, ya no es garantía para ejercer el derecho fundamental al sufragio. A escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo ha dejado en un limbo electoral a miles de descendientes de emigrantes. Según las estimaciones del Foro Galego da Inmigración, la cifra de afectados que no podrán votar en la provincia de Ourense podría acercarse a las 5.000 personas. Son ciudadanos de pleno derecho legalmente españoles, pero con las urnas vetadas.

El origen de este bloqueo radica en la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática. El Supremo paralizó de forma cautelar el voto de quienes se nacionalizaron mediante la presunción general de exilio (entre 1936 y 1955), exigiéndoles ahora pruebas documentales individuales de persecución ideológica o política.

Como señala Alejandro Martínez, un ciudadano cubano nacionalizado español por esta vía, exigir esa documentación hoy resulta casi imposible porque durante el proceso “se asumió que los migrantes españoles eran migrantes por política, pero no se demostró”. Aunque a él no le afecta el veto por residir ya en España, advierte de la “falta de documentación” en los países de origen para avalar ahora dicho exilio.

Desde el Foro Galego da Inmigración insisten en que la inmensa mayoría de los afectados no tramita su expediente por el mero deseo de votar. “Se plantean esto por la posibilidad de venir a instalarse aquí en unas buenas condiciones, tener oportunidades laborales de realizar una vida aquí”, subrayan desde la entidad.

Surge así un contrasentido, como critican desde dicho organismo, al conceder el derecho de ser español, pero no plenamente, impulsando acciones para acoger a dichas personas, pero bloqueando su voz. “La Xunta realiza programas orientados a traer personas descendientes de emigrantes gallegos en Latinoamérica y por otro lado parece que están a favor de restringir los derechos de esas personas al voto”, critican desde el Foro Galego da Inmigración.

Resulta paradójico si se tiene en cuenta que Ourense es la provincia con mayor peso porcentual del voto exterior de España -casi un tercio de su censo- y que el PP logró más del 52% de los apoyos de la diáspora en las últimas generales.

Un afectado latinoamericano censado en España califica este freno electoral como un error estratégico de la derecha. “La mayoría favorecerían al PP porque es una derecha a la que suelen tender más los españoles residentes en Latinoamérica”, explica, recordando que “cualquier cosa que vuela a izquierda en América Latina no está bien vista”. Para este votante, el bloqueo impulsado desde sectores conservadores es “una metedura de pata suprema y varios tiros en los pies”.

Por su parte, asociaciones como Alma Llanera -referente para los más de 11.000 nacidos en Venezuela que residen en la provincia- reclaman que el debate se centre en la seguridad jurídica y en la gestión administrativa. La entidad advierte que la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia desbordó el texto legal aprobado por el Congreso al extender la presunción de exilio a todos los emigrantes del periodo 1936-1955. Al no distinguir de forma adecuada entre quienes huyeron de España por persecución política y quienes salieron por pura necesidad económica, se ha generado el actual escenario de incertidumbre, por lo que defienden una política de nacionalidad más rigurosa.

Alma Llanera pone el foco en la necesidad urgente de dotar de medios humanos y materiales a los consulados. El próximo 29-N, las urnas se abrirán sin la voz de miles de ourensanos de sangre en la diáspora. Tienen su nacionalidad y su pasaporte como los residentes en Ourense, pero la burocracia y los tribunales los han convertido, temporalmente, en españoles sin voz ni voto.