El colapso de la ZBE agrava el agujero en Ourense con los fondos europeos

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ourense se ha convertido en la puntilla al modelo de gestión de fondos europeos del Concello. A menos de mes y medio de que el próximo 1 de julio entre en vigor el régimen sancionador anunciado -que prevé multas automáticas de 200 euros por acceder al perímetro restringido sin etiqueta ambiental-, la ciudad se enfrenta a un colapso. No hay señales en las calles, los sistemas tecnológicos están desiertos y el propio gobierno local asumió este martes formalmente su incapacidad para cumplir los plazos exigidos por la UE y la más que probable pérdida de más de 738.000 euros asignados, confirmando las alertas previas del Consello de Contas.

La confirmación del naufragio se produjo en junta de área a preguntas de PP y BNG. El concejal Antonio Fernández verbalizó la situación: “La ZBE no da tiempo a hacerla”. Con esta declaración, el Concello ratifica su incapacidad para cumplir con los plazos para recibir 738.867 euros procedentes de los fondos Next Generation otorgados en julio de 2023 en concreto para esta infraestructura. Al haber rebasado el horizonte límite para ejecutar y justificar las inversiones ante Bruselas -un “riesgo significativo” del que ya alertó el órgano auditor por la falta de personal-, el gobierno de Jácome ensayará, desveló el edil, una maniobra desesperada: solicitar permiso al Ministerio de Transportes para transferir esos casi 740.000 euros a otras obras sí realizadas, e incluidas también dentro del macroproyecto Move Ourense II, intentando evitar devolver el dinero íntegro.

Este frente se suma a la delicada situación financiera que desveló un informe oficial forzado por el PSOE en abril, en el que el alcalde ya cuantificó en 1,34 millones el riesgo económico real por los retrasos en las certificaciones de cinco obras cofinanciadas por Europa que vencieron a finales de 2025, como la avenida de Portugal o Alejandro Pedrosa. Aquel informe recurría al argumentario del regidor de culpar a la Intervención por formular reparos “carentes de fundamento”, pero reconocía la existencia de “deficiencias estructurales de la administración municipal”.

Parálisis total

Estas taras fueron censuradas también por el Consello de Contas en el diseño de un mapa de 0,56 kilómetros cuadrados tramitado de espaldas a la realidad, sin medir flujos de tráfico ni realizar las consultas públicas obligatorias. Esas mismas carencias operativas son las que mantienen hoy completamente congeladas las mesas de contratación de los contratos relacionados con la ZBE desde el pasado mes de febrero. Los contratos clave para desplegar las cámaras de videovigilancia (960.816 euros) y los sensores de calidad del aire (639.731 euros) siguen en fase de evaluación porque el Concello carece de crédito suficiente para poder adjudicarlos. El resultado es una ciudad que pretende multar a ciegas el 1 de julio a un parque móvil cuya media de edad roza los 18 años, mientras el gobierno local despacha el desconcierto vecinal invitando a los afectados a “ir a preguntar a los funcionarios al Concello”, como apuntó el edil en la junta de área ante las preguntas de la oposición.

El Concello aborta la oficina ZBE e indemnizará a la empresa

El colapso de la ZBE muestra su cara más kafkiana en el contrato de la Oficina de Información Ciudadana (440.799 euros), que pese a tener propuesta de adjudicación desde el 8 de enero, fue finalmente abortado por el Concello. Un informe interno municipal desvela que el propio Concello decidió renunciar al concurso de forma unilateral ante su incapacidad para cumplir los plazos y la realidad de las arcas públicas. El documento detalla varios despropósitos. Por un lado, la parálisis administrativa demoró tanto el concurso que la ZBE entró en vigor en diciembre sin que la oficina existiera. Como el contrato debía absorber las dudas concentradas en los primeros cinco meses de la medida, el Concello admite que quedó “obsoleto” y que tareas clave, como la web informativa, tuvieron que asumirse con “medios propios”.

Por otro lado, el informe confiesa que el Concello incumplió la regla de gasto en 2025 y carece de crédito presupuestario para 2026. Esta asfixia obliga a aprobar un severo Plan Económico-Financiero de austeridad, sacrificando la oficina para recortar. La peor parte se la lleva la legítima ganadora, Serviguide, que logró una puntuación perfecta y ya había entregado documentación y avales. Tras dejarla sin el contrato de 440.000 euros, la resolución señala que la adjudicataria deberá ser indemnizada “polos gastos de constitución da garantía definitiva do contrato”.

El gobierno local ha dejado escapar ya más de 8 millones, y la sangría continúa

El gobierno local ha dejado escapar más de 8 millones entre devoluciones, rechazos y retrasos, a los que se suman 1,3 millones que calculan que Bruselas les quitará de las obras retrasadas financiadas con Next, más 738.000 euros de la ZBE. El caso más gravoso se localiza en la Plaza de Abastos, pero a él se suma la renuncia voluntaria a dos millones de euros destinados a la digitalización del comercio local, a pesar de haber sido el proyecto mejor valorado de España. El Concello vio frustrados otros tres millones para rehabilitar la antigua Prisión Provincial por una propuesta deficiente, fracaso que se repitió con la Plaza de la Trinidad, donde la ayuda de 600.000 euros se evaporó al quedar el concurso desierto.

Buscan ahora una alternativa a la supresión de la ORA: “No hay rotación”

Ante las preguntas de la oposición en la junta de área de este martes, el gobierno local asumió el fracaso en la anulación de la zona ORA y admitió que ya busca alternativas para garantizar la rotación de vehículos. El concejal del grupo de gobierno reconoció que encuentran “estudiando una fórmula que garantice la rotación” porque actualmente “si no hay control, la gente aparca” de forma indefinida, lo que confirma que el gobierno municipal desmanteló el servicio regulado sin tener ningún plan alternativo diseñado, como afeó el BNG.